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| Legislador Rogelio Canches, presidente de la comisión investigadora de la reconstrucción del sur. ANDINA/Norman Córdova |
“Se han encontrado irregularidades muy fuertes”, declaró a la Agencia Andina, al mencionar que los indicios detectados comprometen a varios de los proyectos realizados a través del desactivado Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur). Agregó que en esos proyectos “se invirtieron aproximadamente dos mil millones de nuevos soles”. Las presuntas sobrevaluaciones se detectaron en 18 de las 34 obras que han sido objeto de revisión por parte del grupo parlamentario investigador, precisó. Hasta el momento, estas supuestas irregularidades ascienden a más de 8 millones de soles, derivados de los costos de ejecución de los trabajos realizados, dijo Canches, quien explicó que en total fueron 925 los trabajos de infraestructura realizados por Forsur. Por lo abultado del número y por los plazos fijados, la comisión investigadora solo ha considerado 34 de ellos, mencionó. “En muchos de estos hemos detectado que los proyectistas elevaron los costos reales entre 20 por ciento a 80 por ciento”, añadió. Sobre la entrega del denominado Bono 6000, Canches indicó que las investigaciones al respecto “ya están por cerrarse”. Dicho beneficio, que consistía en la entrega coordinada entre el Banco de Materiales y el Forsur del equivalente a 6 mil nuevos soles en materiales de construcción a las familias perjudicadas por los sismos de 2007, no llegó a todos los que debería haber alcanzado, anotó. “Se les dieron a 700 familias, pero a aproximadamente otras 250 que también estuvieron inscritas, no les llegó nunca”, comentó. En las pesquisas realizadas, se han recogido testimonios que señalan que algunas de las ferreterías a través de las cuales se canalizaba la entrega de los materiales, proponían a los damnificados darles en efectivo la mitad del dinero asignado, mientras esos establecimientos se quedaban con la otra mitad. “Se ha traficado con el dolor de quienes fueron afectados por el terremoto”, dijo Canches. Por otro lado, el parlamentario lamentó que haya autoridades y funcionarios municipales que se niegan a acudir ante la comisión investigadora. Señaló que dos alcaldes de la zona de Lima Provincias no han acatado las citaciones, por lo que se ha pedido traerlos de grado o fuerza. “La Policía Nacional manifiesta que no los encuentra, por lo que suponemos que deben estar atemorizados”, señaló, para luego explicar que solo se quiere que estos burgomaestres alcancen información y documentos. Esta actitud también la mostraron personas vinculadas al sector Educación y al mismo Forsur, por lo que el congresista exhortó a que estos cumplan con las citaciones para poder consignar sus respectivas versiones y para no recurrir a la potestad que tiene la comisión de convocarlos de grado o fuerza.
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