El primer caso enviado al archivo fue la acusación presentada por un ciudadano contra el contralor general de la República, Fuad Khoury, por supuestamente haber incurrido en falta funcional. El grupo parlamentario consideró que el Congreso carece de facultades para hacer cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Precisamente, el denunciante pretendía que el Poder Legislativo dispusiera el cumplimiento de esos pronunciamientos. Sin embargo, esa facultad no está contemplada en la Constitución ni en el reglamento parlamentario. La segunda acusación desestimada fue formulada contra los integrantes del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación, José Peláez, por supuesta separar ilegalmente del cargo de vocal superior a Zenón Bernuy Cunza. Sin embargo, conforme a los documentos analizados, los denunciados cumplieron con sus atribuciones de no ratificar al denunciante, por no cumplir con los requisitos para el cargo, pues omitió informar que había sido condenado anteriormente por abandono de familia. Además, el TC había desestimado la acción de amparo que presentó en esa instancia, por lo que se trataba de un caso de cosa juzgada. La tercera y última acusación archivada había sido planteada contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Según el documento, los denunciados habrían cometido el delito de abuso de autoridad, por presuntamente haber incumplido lo establecido en el reglamento que regula los procesos de ratificación de magistrados. La documentación recabada por la comisión legislativa permitió establecer que el denunciante no fue ratificado al no haber aprobado el examen al que fue sometido. Sus respuestas no satisficieron al jurado.
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