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| Los dirigentes afirmaron no estar en contra del desarrollo sino que piden una inversión responsable y que respete los derechos de las comunidades Foto: Difusión |
En una conferencia de prensa varias asociaciones civiles demandaron que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron por la Ley 30230 en abril de este año y que hasta ahora no tiene respuesta. "Exigimos al T.C. haga justicia y admita nuestra demanda de inconstitucionalidad. Además, lo que la ley solicita para ingresar este recurso legal es planilla con 5 000 firmas; y a través de nuestras organizaciones presentamos casi 7 000 firmas", expuso Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Henderson Rengifo, confirmó que continuarán las medidas de protesta contra esta ley: "Nos mantendremos en la resistencia de los pueblos. Estamos evaluando las consecuencias de este dispositivo legal contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas".
Piden inversión responsable. Pero esta oposición al llamado "paquetazo ambiental" no debe entenderse como una oposición a la inversión sino al respeto de los derechos de las comunidades nativas. Así lo aclaró Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. "La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país", declaró. Finalmente el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), Henry Carhuatocto, criticó la política de debilitamiento de entes reguladores como la OEFA así como la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). "Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes", lamentó Carhuatocto.Más datos. El pasado 30 de diciembre del 2014 el Gobierno de San Martín también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, la misma que fue admitida el 5 de enero de este año. Durante la conferencia se presentó el Informe Especializado de Afectación Ambiental.
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