domingo, 29 de abril de 2012

Excontralor general de la República, Genaro Matute, destaca: Pérdida de dominio para casos de corrupción fortalece combate a esos delitos.

Excontralor general de la República, Genaro Matute, destaca: Pérdida de dominio para casos de corrupción fortalece combate a esos delitos.-Agencia ANDINA.- Lima, abr. 29-07.47 a.m.- El excontralor Genaro Matute destacó hoy que la ampliación de la pérdida de dominio a los delitos de corrupción era una de las últimas medidas requeridas para combatir las corruptelas cometidas por algunos malos funcionarios en perjuicio del Estado.
Excontralor Genaro Matute. Foto: ANDINA/archivo
“Era un medida necesaria porque hasta ahora, los procesados y sentenciados por corrupción tenían sus propiedades en calidad de intangibles. La pérdida de dominio permitirá ahora recuperar el dinero robado al Estado en especies”, destacó. Agregó que esa medida es una forma de reforzar el combate contra la corrupción, cuyas manifestaciones mutan con el tiempo, al punto que surgen modalidades nuevas de corruptelas en perjuicio del erario público. Según la norma, los bienes o recursos adquiridos como consecuencia de los delitos cometidos por concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, entre otros, podrán ser confiscados a favor del Estado. Al respecto, Matute aseguró que el nuevo decreto legislativo sobre pérdida de dominio dará mayor facilidad y amplitud a los operadores de justicia para incautar bienes y recursos a los autores de delitos contra la administración pública. “Gracias al decreto legislativo 1104, ahora la justicia no solo podrá incautar bienes a las organizaciones del narcotráfico, sino también a las personas procesadas por delitos de corrupción”, resaltó. Lamentó que en los últimos años se había registrado un olvido en la tarea fundamental de la defensa jurídica del Estado de recuperar el patrimonio despojado al país por funcionarios corruptos de administraciones anteriores. Matute sostuvo que ello no se debió a un problema de ausencia de normas, sino de la falta de un trabajo coordinado que debían realizar las instituciones encargadas de perseguir a los autores de este tipo de delitos. Por ejemplo, mencionó, la estrecha relación que debe tener la Contraloría General de la República, el sistema de procuradores del Estado, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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