138 obras podrían ejecutarse con inversión privada en el sur.

138 obras podrían ejecutarse con inversión privada en el sur.-Diario La República.-Viernes, 29 de junio de 2012-8:26 am.-Walter Mello Lizárraga.- Obras por impuestos. El Estado como ejecutor es una tortuga. Este mecanismo permite que las empresas privadas hagan hospitales, puentes, carreteras, servicios básicos, etc. Ayudará a utilizar bien los recursos que no pueden gastarse por la lentitud de la burocracia estatal y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Los departamentos del sur recibieron de canon minero más de ocho mil millones de nuevos soles desde 2006. Sin embargo, la mitad de esos recursos aún no se utilizan en proyectos de inversión pública, tal como lo dispone la ley. Cusco, Moquegua y Tacna figuran como los más flojos en ejecución presupuestal. El desafío del Estado es encontrar una fórmula que ayude a desembolsar ese dinero y destinarlo a obras que mejoren las condiciones de vida de muchos peruanos en situación pobreza. Se exploraron varias ecuaciones. Una de ellas es el mecanismo de canje por impuestos, vigente hace cuatro años y amparado en la ley 29230. Esta norma da luz verde a las empresas privadas para invertir en obras públicas.La mecánica es simple. Estas empresas asumen la responsabilidad ante un municipio o gobierno regional de construir un hospital o carretera, etc. Se estima el presupuesto y la ejecutora recupera su inversión con la exoneración de obligaciones tributarias. Los gobiernos regionales y locales devuelven "el préstamo" del fisco de las asignaciones anuales que reciben de canon y sobrecanon, regalías, renta de Aduanas y otras partidas. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos este concepto. “Siempre hay este efecto de miedo a lo desconocido, ese temor lo tienen todos, no solo los gobiernos regionales o locales sino las propias empresas. En las regiones prefieren tener el control del gasto”, explica el consultor José Luis Escaffi Kahhat. La propuesta no termina de ser aceptada. Según Proinversión, al 25 de junio a nivel nacional, se registraron 812 proyectos por S/. 3,531 millones disponibles para ser ejecutados mediante el mecanismo. Éstos corresponden a 12 gobiernos regionales de los 25 existentes y 109 locales de las más de 2 mil municipalidades distritales y provinciales.Pese a ello, el presidente de la ONG Invertir, Daniel Córdova, revela que las empresas privadas no han recibido propuestas para sellar esta alianza estratégica.“Este mecanismo depende mucho de dos cosas. Primero, que los gobiernos tengan recursos disponibles. Segundo, la voluntad política del alcalde o presidente regional”, asevera Córdova. En el sur hay 138 proyectos.
CÓMO FUNCIONA: Obras por impuestos no es una fórmula compleja. Primero, deben priorizarse los proyectos en regiones y municipios. El presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, Aldo Fuster, sugiere que esas futuras obras deben tener el respaldo de la sociedad civil. Con los proyectos priorizados e inscritos en Proinversión, se convoca a un proceso de selección. Allí aparecen las empresas privadas interesadas. Se suscribe un convenio entre las partes. El Ministerio de Economía establece topes. Por ejemplo, Arequipa tiene un máximo de más de 1600 millones de soles, Cusco casi cinco mil millones, Moquegua 1200 millones entre gobiernos regionales y municipios. La fórmula de "Obras por Impuestos" no puede superar esos montos. Los privados asumen la ejecución con la supervisión del sector público. Están obligados a pasar por el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), convertido en la bestia negra de los municipios y gobiernos regionales. José Luis Escaffi refiere que se trabajen modificaciones a la norma para permitir a la empresa privada elaborar estudios de factibilidad que marcan la hoja de ruta de la obra. Actualmente pueden intervenir a nivel de expediente técnico. El consultor considera que de darse la modificación, los privados podrían elaborar los perfiles más rápido y con mayor precisión que la burocracia. Terminada la obra, la institución pública solicita al Ministerio de Economía y Finanzas un Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), cuya vigencia es de 10 años. Este documento permite la cancelación del monto invertido. Se descuenta del canon minero y otras partidas que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas sin que esto signifique perjudicar la gestión. Este es el punto que disgusta a la mayoría de autoridades regionales y locales. Perciben una pérdida de independencia para manejar el presupuesto del próximo año. Sin embargo, no tienen la misma capacidad gerencial que los privados, considera Daniel Córdova. Bajo esta modalidad, se gana tiempo en la elaboración de expedientes y trabajos. “Las empresas no consideran como alternativa las ampliaciones de plazo o presupuesto simplemente porque no les conviene. Eso sí se da frecuentemente en las obras regionales y municipales”, indica Córdova.
CASO TACNEÑO: Para la Cámara de Comercio de Tacna, esta es una alternativa para ejecutar proyectos estratégicos. El decano del Colegio de Economistas, Fernando Arenas, recuerda que en el departamento fronterizo existen 12 propuestas por S/. 2,123 millones de soles que no pudieron ejecutarse, pese a que Tacna recibió desde 2006 más de 3 mil millones de soles de renta minera. Aldo Fuster de la Cámara de Comercio tacneña reconoce que comprometer a algunas empresas con las que la sociedad tiene alguna discrepancia, como las mineras, puede generar suspicacias o distorsiones. Southern Perú ofreció 300 millones para un nuevo hospital, propuesta rechazada por autoridades tacneñas. Sin embargo, la gente ignora que hay muchas empresas de diversos rubros dispuestas a acogerse a esta propuesta. Todo está en manos de las autoridades.