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Excusas para no pagar: La mayor parte de esos procesados acuden a los juzgados y salas especializadas de ejecución para impugnar el embargo de sus pensiones o de sus propiedades. Algunos, según testimonios, han logrado que se detenga el embargo. "Los motivos que señalan sus abogados son que sus ingresos son reducidos o no están de acuerdo con los montos de reparaciones en la sentencia de la Sala", cuentan fuentes del Ministerio de Justicia. "Los sentenciados litigan y pelean hasta el final para evitar la retención de sus pensiones. A algunos no les interesa pagar nada, aun cuando podrían conservar vigentes sus antecedentes penales", cuentan. Entre los magistrados considerados dentro de la red fujimontesinista que ahora deben al Estado están el otrora presidente del Comité Ejecutivo del Poder Judicial David Pezua Vivanco, el ex presidente de la Sala de Derecho Público Sixto Muñoz Sarmiento, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú Víctor Raúl Castillo y los ex fiscales superiores Julia Eguía Davalos, José Carlos Bringas Villar. Según la lista de los deudores de reparaciones civiles por delitos de corrupción, colgada en la página web del Ministerio de Jusiticia, el sentenciado Sixto Muñoz, por ejemplo, adeuda al Estado cerca de 800 mil soles desde el 2008, y no ha hecho pago alguno. Lo mismo sucede con la fiscal Julia Eguía Dávalo, quien debe ese mismo monto sin haber abonado siquiera un sol desde hace 6 años. Entre los militares figuran ex ministro del Interior y ex presidente del Comando Conjunto de las FFAA general José Villanueva Ruesta, procesado por facilitar la fuga de Montesinos, el ex jefe del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), Julio Salazar Monroe. También el coronel Roberto Huamán Escurra, el coronel PNP Manuel Aivar Marca, el mayor Alejandro Montes Walters, el capitán Javier Pérez Pezo, el técnico Manuel Tullume Gonzales, todos sentenciados por haber apoyado y mantenido en el poder a Montesinos. Salazar Monroe debe más de 7 millones de soles por cuatro sentencias distintas, pero solo ha pagado alrededor de 22 mil soles, producto del embargo dictado por la sala. Sin embargo, el ex jefe nominal del SIN habría impedido, desde hace unos meses, que le retengan el 30 por ciento de su pensión por su carrera de militar.
Algunos cooperan: Para que los sentenciados por corrupción paguen las reparaciones civiles, el Consejo de Ministros aprobó recientemente el proyecto de ley que permite que los deudores sean declarados insolventes por Indecopi de manera permanente y no podrán recibir créditos de entidades financieras; con el objetivo de obligar a estas personas a pagar las reparaciones civiles al Estado. Desde hace un mes, por lo menos cinco procesados han acudido al área de reparaciones de la procuraduría anticorrupción, en Miraflores, a mostrar su disposición a pagar la reparación civil que adeudan. "Ofrecen pagar en cuotas o hacen un ofrecimiento de pago en determinado monto. Incluso han mencionado que venderán su casa", cuenta un vocero de la procuraduría. La semana pasada, la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán estuvo conversando con el procurador respecto a su deuda. Ella debía un millón 500 mil soles, pero ahora solo le falta abonar 377 mil nuevos soles.
Claves: El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, explicó que el objetivo de la norma que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado es combatir la impunidad obligando a estas personas a pagar las reparaciones civiles al Estado. "La llamada 'muerte civil' (pérdida de derechos) será perpetua hasta que paguen la deuda con el Estado", dijo Jiménez tras señalar que la norma actual extinguía la sanción tras cinco años. El procurador anticorrupción Julio Arbizu indicó que el cobro de reparaciones civiles a favor del Estado registró un promedio que está por encima de los 130 mil soles mensuales, es decir, hay un incremento de por lo menos entre un 30 y 40 por ciento.
