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| Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Jesús Fernández Alarcón |
En contraste con las denuncias hechas, la realidad
demuestra, de acuerdo a Fernández, que el 40% de los casos denunciados es
desestimado porque no tienen fundamentos, es decir, no constituyen delito por lo
que no llegan a una instancia judicial, tendencia que indica que el arequipeño
es jurídicamente conflictivo.
Este aspecto, además de acumular procesos, ha sobrecargado la labor de los fiscales, que hoy en día por persona, llevan 100 expedientes al mes, cuando lo óptimo para desempeñar una labor correcta es recepcionar y procesar entre 35 a 40 al mes. “Cuando se denuncian hechos que no configuran delito se retrasa de alguna forma los procesos donde sí hay razones evidentes para llevar a juicio un caso”, explicó. A ello se suma la falta de fiscales, pues solo se cuenta con 69 (entre titulares y provisionales), no obstante, para tener una labor efectiva se requiere por lo menos 40 más y duplicar el personal administrativo, aclara el fiscal superior. La mayoría de denuncias tiene como punto neurálgico, problemas en la familia que apuntan a maltratos, abandono a niños y jóvenes y denuncias por alimentos. No obstante, los casos de menores infractores, también han crecido, ocasionando saturación en las fiscalías de Familia. Esta realidad se refleja en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), donde a la fecha, hay acumulados 100 mil expedientes judicializados. En la CSJA, al año, según el presidente de la institución, Benito Paredes Bedregal, el 40% de juicios no encuentra condena por falta de fundamentos en la denuncia fiscal. RAZONES: Una de las razones por las que las denuncias aumentan, detalló Fernández Alarcón, es por el crecimiento de la población y los conflictos que existen en la región. También, otra causa es la cultura de la defensa que se ha creado en el arequipeño, pues ahora las personas “buscan hacer respetar sus derechos”. El tercer fundamento, a decir de Fernández, se debe a que “existe más confianza de parte de la ciudadanía en las autoridades como el fiscal o el juez”. SALIDAS ALTERNATIVAS: Fernández señaló que, del 100% de denuncias recibidas, el 13% (de 10 mil al año) tampoco llega a judicializarse, pues encuentran salidas alternativas, como, por ejemplo, el principio de autoridad y la terminación anticipada.
Este aspecto, además de acumular procesos, ha sobrecargado la labor de los fiscales, que hoy en día por persona, llevan 100 expedientes al mes, cuando lo óptimo para desempeñar una labor correcta es recepcionar y procesar entre 35 a 40 al mes. “Cuando se denuncian hechos que no configuran delito se retrasa de alguna forma los procesos donde sí hay razones evidentes para llevar a juicio un caso”, explicó. A ello se suma la falta de fiscales, pues solo se cuenta con 69 (entre titulares y provisionales), no obstante, para tener una labor efectiva se requiere por lo menos 40 más y duplicar el personal administrativo, aclara el fiscal superior. La mayoría de denuncias tiene como punto neurálgico, problemas en la familia que apuntan a maltratos, abandono a niños y jóvenes y denuncias por alimentos. No obstante, los casos de menores infractores, también han crecido, ocasionando saturación en las fiscalías de Familia. Esta realidad se refleja en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), donde a la fecha, hay acumulados 100 mil expedientes judicializados. En la CSJA, al año, según el presidente de la institución, Benito Paredes Bedregal, el 40% de juicios no encuentra condena por falta de fundamentos en la denuncia fiscal. RAZONES: Una de las razones por las que las denuncias aumentan, detalló Fernández Alarcón, es por el crecimiento de la población y los conflictos que existen en la región. También, otra causa es la cultura de la defensa que se ha creado en el arequipeño, pues ahora las personas “buscan hacer respetar sus derechos”. El tercer fundamento, a decir de Fernández, se debe a que “existe más confianza de parte de la ciudadanía en las autoridades como el fiscal o el juez”. SALIDAS ALTERNATIVAS: Fernández señaló que, del 100% de denuncias recibidas, el 13% (de 10 mil al año) tampoco llega a judicializarse, pues encuentran salidas alternativas, como, por ejemplo, el principio de autoridad y la terminación anticipada.
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