El informe precisa que Puno (21) y Ancash (21) fueron los departamentos con mayor número de conflictos sociales durante el mes. Además, el documento brinda información referente a 10 conflictos sociales nuevos: 7 de ellos son socioambientales, 2 se relacionan con asuntos de gobierno local y 1 corresponde al ámbito laboral. Por otro lado, se registraron dos conflictos sociales reactivados: uno de ellos, de tipo socioambiental, se produjo en La Libertad, en tanto que el otro se relaciona con asuntos de gobierno nacional. De otra parte, el reporte da cuenta de dos conflictos resueltos: un conflicto socioambiental referido a los trabajadores de la Corporación Lindley, en Lima, que reclamaban la aprobación de su pliego de reclamos. El segundo caso es de carácter socioambiental en Ayacucho, donde la comunidad de Raccaya demandaba a la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera SAC la renegociación del contrato de servidumbre, el cumplimiento de compromisos, y el respeto por el entorno natural. De igual modo, el reporte detalla que 6 conflictos sociales han pasado del estado activo al latente, y que se ha retirado del registro principal a tres conflictos sociales latentes, en razón de que no se produjeron hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias. Con relación a los tipos de conflictos se precisa que, del total de los casos registrados en el mes de enero, los conflictos socioambientales ocupan el 56,6% (129 casos). Además aparecen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 8,3% (19 casos), y los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 7,9% (18 casos). En lo que concierne a las competencias en la atención en conflictos sociales, por parte de entidades estatales, la principal competencia recae en el gobierno nacional con 143 casos (62,72%), los gobiernos regionales son los principales responsables en la atención de 53 casos (23,25%), los gobiernos locales son responsables en 24 casos (10,53%). Asimismo, durante se continuó tratando a 77 casos mediante procesos de diálogo (el 50% del número de casos activos); de ellos, 35 fueron tratados mediante Mesas de Diálogo y Comisiones de Alto Nivel. La Defensoría del Pueblo participó en 19 de dichos espacios de diálogo. Finalmente, el reporte registra que 79 acciones colectivas de protesta ocurrieron durante enero. Además se da cuenta de un total de 156 actuaciones defensoriales, de las cuales 128 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 28 a las correspondientes a intermediación.
viernes, 10 de febrero de 2012
Defensoría del Pueblo registró 228 conflictos sociales en enero.
Defensoría del Pueblo registró 228 conflictos sociales en enero.-Agencia ANDINA.-Lima, feb. 10-16.06.- La Defensoría del Pueblo informó hoy que hasta enero se registraron 228 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 153 tienen condición de activos (67%) y 75 se encuentran en estado latente (33%), de acuerdo al Noveno Reporte de Conflictos Sociales. El informe precisa que Puno (21) y Ancash (21) fueron los departamentos con mayor número de conflictos sociales durante el mes. Además, el documento brinda información referente a 10 conflictos sociales nuevos: 7 de ellos son socioambientales, 2 se relacionan con asuntos de gobierno local y 1 corresponde al ámbito laboral. Por otro lado, se registraron dos conflictos sociales reactivados: uno de ellos, de tipo socioambiental, se produjo en La Libertad, en tanto que el otro se relaciona con asuntos de gobierno nacional. De otra parte, el reporte da cuenta de dos conflictos resueltos: un conflicto socioambiental referido a los trabajadores de la Corporación Lindley, en Lima, que reclamaban la aprobación de su pliego de reclamos. El segundo caso es de carácter socioambiental en Ayacucho, donde la comunidad de Raccaya demandaba a la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera SAC la renegociación del contrato de servidumbre, el cumplimiento de compromisos, y el respeto por el entorno natural. De igual modo, el reporte detalla que 6 conflictos sociales han pasado del estado activo al latente, y que se ha retirado del registro principal a tres conflictos sociales latentes, en razón de que no se produjeron hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias. Con relación a los tipos de conflictos se precisa que, del total de los casos registrados en el mes de enero, los conflictos socioambientales ocupan el 56,6% (129 casos). Además aparecen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 8,3% (19 casos), y los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 7,9% (18 casos). En lo que concierne a las competencias en la atención en conflictos sociales, por parte de entidades estatales, la principal competencia recae en el gobierno nacional con 143 casos (62,72%), los gobiernos regionales son los principales responsables en la atención de 53 casos (23,25%), los gobiernos locales son responsables en 24 casos (10,53%). Asimismo, durante se continuó tratando a 77 casos mediante procesos de diálogo (el 50% del número de casos activos); de ellos, 35 fueron tratados mediante Mesas de Diálogo y Comisiones de Alto Nivel. La Defensoría del Pueblo participó en 19 de dichos espacios de diálogo. Finalmente, el reporte registra que 79 acciones colectivas de protesta ocurrieron durante enero. Además se da cuenta de un total de 156 actuaciones defensoriales, de las cuales 128 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 28 a las correspondientes a intermediación.
El informe precisa que Puno (21) y Ancash (21) fueron los departamentos con mayor número de conflictos sociales durante el mes. Además, el documento brinda información referente a 10 conflictos sociales nuevos: 7 de ellos son socioambientales, 2 se relacionan con asuntos de gobierno local y 1 corresponde al ámbito laboral. Por otro lado, se registraron dos conflictos sociales reactivados: uno de ellos, de tipo socioambiental, se produjo en La Libertad, en tanto que el otro se relaciona con asuntos de gobierno nacional. De otra parte, el reporte da cuenta de dos conflictos resueltos: un conflicto socioambiental referido a los trabajadores de la Corporación Lindley, en Lima, que reclamaban la aprobación de su pliego de reclamos. El segundo caso es de carácter socioambiental en Ayacucho, donde la comunidad de Raccaya demandaba a la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera SAC la renegociación del contrato de servidumbre, el cumplimiento de compromisos, y el respeto por el entorno natural. De igual modo, el reporte detalla que 6 conflictos sociales han pasado del estado activo al latente, y que se ha retirado del registro principal a tres conflictos sociales latentes, en razón de que no se produjeron hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias. Con relación a los tipos de conflictos se precisa que, del total de los casos registrados en el mes de enero, los conflictos socioambientales ocupan el 56,6% (129 casos). Además aparecen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 8,3% (19 casos), y los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 7,9% (18 casos). En lo que concierne a las competencias en la atención en conflictos sociales, por parte de entidades estatales, la principal competencia recae en el gobierno nacional con 143 casos (62,72%), los gobiernos regionales son los principales responsables en la atención de 53 casos (23,25%), los gobiernos locales son responsables en 24 casos (10,53%). Asimismo, durante se continuó tratando a 77 casos mediante procesos de diálogo (el 50% del número de casos activos); de ellos, 35 fueron tratados mediante Mesas de Diálogo y Comisiones de Alto Nivel. La Defensoría del Pueblo participó en 19 de dichos espacios de diálogo. Finalmente, el reporte registra que 79 acciones colectivas de protesta ocurrieron durante enero. Además se da cuenta de un total de 156 actuaciones defensoriales, de las cuales 128 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 28 a las correspondientes a intermediación.
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