Caso de multas pesqueras no pagadas “entra en el terreno de lo penal”, afirman. Va más allá de la responsabilidad administrativa, dice abogado Carlos Rivera.

Jurista Carlos Rivera. Foto: ANDINA/Archivo

Caso de multas pesqueras no pagadas “entra en el terreno de lo penal”, afirman. Va más allá de la responsabilidad administrativa, dice abogado Carlos Rivera.- Agencia ANDINA.-Lima, set. 14-13.01.- El caso de las empresas pesqueras que no pagaron multas por 892 millones de nuevos soles al Ministerio de la Producción “entra en el terreno de lo penal” y va más allá de una simple responsabilidad administrativa, sostuvo hoy el jurista Carlos Rivera. Añadió que lo revelado por el ministro de ese sector, Kurt Burneo, apunta a que esa pérdida de dinero para el fisco nacional supone la presunta acción irregular de ciertos funcionarios. Estimó, en ese sentido, que la sustracción u ocultamiento de los expedientes de las sanciones –para que las multas prescribieran– implica una presunta complicidad de funcionarios que podría tipificarse como delito de colusión. “Como decimos en el derecho penal, habría un concierto de voluntades para sacar provecho de la situación. (…) Todo indica que hay una sistematicidad en el proceso denunciado por el ministro Burneo”, comentó. Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que debido al elevado monto perdido en multas habría una especie de red de corrupción que afectó no sólo al Ministerio de la Producción, sino también a otras entidades estatales. Destacó, en tal sentido, que Burneo dispusiera la actuación del procurador ministerial para iniciar las acciones legales contra los responsables, activando así los mecanismos anticorrupción para que lleguen hasta el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Lo primero a destacar de este caso es que un ministro de Estado revela la irregularidad. La denuncia se convierte en la ocasión perfecta para que el Estado en su conjunto active el andamiaje anticorrupción y sancione a los responsables”, comentó. Consideró necesario que los funcionarios encontrados responsables sean inhabilitados y sancionados drásticamente. "Aquí se ha hecho un doble daño. Por un lado, un daño administrativo contra el Estado para impedir el cumplimiento de los reglamentos de sanción; y por otro lado, un daño penal contra el Estado, porque dejó de percibir dinero para el fisco”, precisó. Según el ministro Burneo, con los 892 millones en multas no cobradas a las empresas pesqueras se podría haber duplicado el programa Juntos, que atiende a 460 mil familias pobres con un presupuesto de 600 millones de soles.