PJ considera razonable imponer “muerte civil” a corruptos que adeuden reparaciones.

PJ considera razonable imponer “muerte civil” a corruptos que adeuden reparaciones.-Agencia ANDINA.-Lima, feb. 19-14.19.- El presidente del Poder Judicial, César San Martín, consideró hoy “razonable” imponer la “muerte civil” a los sentenciados por corrupción que se nieguen a pagar las reparaciones civiles que adeudan al Estado e, incluso, que se contemple otras medidas.

El presidente del Poder Judicial, César San Martín. Foto: ANDINA/Archivo

Subrayó que es una obligación de quienes atentaron contra el erario nacional resarcir el daño ocasionado ya que no basta con solo cumplir prisión efectiva. La “muerte civil” implica que un sentenciado por corrupción que no paga sus reparaciones estará sujeto al embargo de sus bienes o será declarado insolvente ante las entidades correspondientes, quedando impedido de suscribir contratos, abrir cuentas, acceder a créditos o realizar transacciones comerciales. Según informó hace unos días el ministro de Justicia, Juan Jiménez, de los 1,000 millones de nuevos soles en reparaciones impuestas a sentenciados por corrupción, sólo se han pagado seis millones. “Es absolutamente razonable, no solo que se instalen mecanismos de inhabilitaciones permanentes, sino también que se generen posibilidades de, si es que no se cumple pudiendo hacerlo, de mecanismos de prisión efectiva”, expresó San Martín a la Agencia Andina. Aseveró que no se trata de un tema de “prisión por deuda”, ya que la reparación no es una deuda, sino una obligación de carácter legal como consecuencia de la comisión de un delito que ha generado un daño al Estado. Aseveró que al establecer mejores mecanismos para garantizar el pago de las reparaciones el Estado afirma el principio de reparación del daño generado por el delito. “No solo se trata de cumplir una pena sino de reparar un daño que ha generado el delito y esta reparación merece que la ley prevea un conjunto de posibilidades de su efectiva ejecución y cumplimiento”, argumentó San Martín afirmó, de otro lado, que el dictamen de reforma constitucional para instaurar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de altos funcionarios, que no logró ser aprobada en la anterior legislatura, debe tener un amplio debate por tratarse de un asunto complejo. Sin embargo, añadió que duplicar las penas para esos ilícitos, con el objetivo de reducir las posibilidades de amparo en la prescripción, no contraviene ningún principio constitucional. Por ello, resaltó la importancia de discutir ese dictamen con suma tranquilidad.