Señala presidente del Poder Judicial. Creación de Comisión Anticorrupción complementará labor de la Contraloría.

Reunión de alto nivel de la Comisión Anticorrupción en Palacio de Justicia.  Foto: ANDINA/Gustavo Sánchez.

Señala presidente del Poder Judicial. Creación de Comisión Anticorrupción complementará labor de la Contraloría.-Agencia ANDINA.-Lima, set. 12-17.29.- El presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, dijo hoy que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), complementará el trabajo de control que realizan instituciones como la Contraloría, en la lucha contra la deshonestidad en el país. Descartó cualquier intención de restarle atribuciones a la Contraloría y explicó que la iniciativa que crea con rango de ley a la CAN tiene por objetivo consolidar las funciones que ya viene desempeñando y que están vinculadas a la formulación de grandes líneas de política interinstitucional para el combate de la corrupción. Sostuvo que no se contrapone, sino más bien se complementa y contextualiza mejor las labores de control que las diversas instituciones que configuran la CAN pueden y deben asumir. “Se seguirán elaborando planes de acción que cuiden mucho cómo se debe manejar la cosa pública, ahora con los mejores niveles de coordinación que otorga una ley, buscando así una mayor sensibilización de la sociedad, para que así ésta adopte firmes conductas contra la corrupción", anotó. San Martín recordó que la CAN fue creada por el gobierno anterior a través de un Decreto Supremo, lo cual ha limitado la proyección de su trabajo, y por ello, cumplió con el encargo de sus miembros de presentar un proyecto – que fue aprobado por unanimidad - que le otorgue rango de Ley. “El Poder Judicial solo fue el vehículo para la presentación de dicha iniciativa, la cual previamente recibió el respaldo unánime de los miembros de la CAN”, afirmó. En ese sentido, el referido proyecto de Ley indica no obstante lo avanzado, se está ahora ante un esfuerzo multisectorial, que trasciende los marcos de coordinación propios de un Decreto Supremo emitido por el Poder Ejecutivo. Las funciones que ya la CAN viene ejerciendo, y que buscan reforzarse con el presente proyecto son: proponer políticas de mediano y largo plazo para la lucha contra la corrupción. Asimismo, asegurar el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, plantear iniciativas legislativas para cubrir vacíos legales o proponer cambios, fortaleciendo así un sistema que dificulte o por lo menos, sancione drásticamente la comisión de actos de corrupción. Se busca finalmente fomentar niveles de coordinación que permitan asegurar el cumplimiento de aquellos tratados internacionales sobre esta materia de los que el Perú ya es parte. Se estipula mantener la actual composición de la CAN, la cual está conformada por los presidentes del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura; el fiscal de la Nación y el Contralor General de la República. También por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia; los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE); la alcaldesa de la Municipalidad de Lima. Igualmente por el secretario técnico del Acuerdo Nacional; el presidente de Confiep, la directora ejecutiva del Proética, y un coordinador general. El proyecto estipula finalmente que la Defensoría del Pueblo seguirá participando de la CAN en calidad de observadora, con voz pero sin voto.