El informe de la Comisión de Ética precisa que, de acuerdo con el testimonio de los extrabajadores, era el mismo Urtecho quien les indicaba que los sueldos serían recortados y que sería su esposa, Claudia Gonzales, la encargada de administrar las tarjetas bancarias con las cuales se realizarían los retiros del dinero. A ellos, según el informe, se les entregaba en efectivo una cantidad bastante inferior al sueldo que el Congreso les pagaba realmente, como en el caso de la extrabajadora Manuela Chávez, a quien le hacían depósitos mensuales de 800 nuevos soles en una cuenta personal, cuando su remuneración era de 4,086.39 soles. Se precisa, incluso, que a estos trabajadores se les retenía el íntegro de la bonificación mensual por refrigerio que el Congreso entrega a sus servidores y el pago de las gratificaciones. La comisión pudo demostrar, con los estados de cuenta de los extrabajadores, la veracidad del testimonio dado por Carlos Gálvez, exchofer del congresista, quien declaró que solía llevar al parlamentario y a su esposa hasta los cajeros de la avenida Raúl Ferrero, en La Molina y en San Isidro, para hacer los retiros. En el caso de la extrabajadora Evelyn Goicochea, se ha establecido que existen 50 retiros de su cuenta en el distrito de La Molina, cuando ella vivía en el Callao y Pueblo Libre, y en horas en las que se hallaba laborando en el Congreso. También se documentó que hubo retiros de su cuenta en Trujillo y Piura, en fechas que coinciden con los días en que el parlamentario Michael Urtecho se encontraba en esas ciudades. En cuanto a los extrabajadores que laboraban en la oficina descentralizada en Trujillo, se han confirmado retiros de sus cuentas bancarias en San Isidro, Lima. El informe incluye igualmente el acta de expulsión de Michael Urtecho de la comunidad cristiana Agua Viva, de Trujillo, en el 2009, por “actos de corrupción en agravio de varios hermanos de la congregación”. Tomaron esa decisión, según consta en el acta, luego de haber amonestado al legislador hasta en tres oportunidades por este hecho, sin obtener de él muestras de arrepentimiento. “Más bien afirmó que así actuaban los congresistas”, según se refiere. Estas evidencias, a juicio de la Comisión de Ética, confirman ampliamente la veracidad de las denuncias de los extrabajadores e incluso de la contratación de dos servidoras pagadas por el Congreso cuando en realidad llevaban a cabo labores domésticas en su domicilio. Por ello, la Comisión de Ética acordó suspenderlo 120 días sin goce de haber y denunciarlo constitucionalmente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y estafa. Humberto Lay, presidente de esta comisión, dijo que la suspensión por 120 días es la máxima que impone el Congreso por inconducta funcional.
