Contraloría detectó venta ilegal de terrenos eriazos en el Gobierno Regional de Tumbes

Contraloría detectó venta ilegal de terrenos eriazos en el Gobierno Regional de Tumbes.-Diario Gestión.-Lunes, 26 de mayo del 2014.-12:57.-Según informes técnicos de la institución, el valor comercial de los terrenos asciende a más de S/. 21 millones, en perjuicio del Estado.

(Foto USI)

Funcionarios de la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de Tumbes, habrían vendido de manera ilegal cerca de 36 hectáreas de terrenos eriazos, ocasionando al Estado un perjuicio económico por más de S/. 21 millones. Así lo informó la Contraloría, mientras realizaba una acción de control para verificar el procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas para el desarrollo de la pequeña agricultura. Además revisó si el precio fijado para tales terrenos se realizó de acuerdo a las regulaciones técnicas y legales, durante la administración regional del periodo setiembre 2011 – setiembre 2013. La forma en que habrían actuado estos funcionarios y servidores de la dependencia regional de agricultura es por medio de un pacto con tres miembros de una familia para la compra-venta ilegal de 36 hectáreas ubicadas en la localidad de Quebrada Seca, según una auditoría de la institución. La transacción del terreno se realizó bajo la “argucia” de ejecutarse un proyecto productivo de crianza de ganado caprino, que no se cumplió. El precio pagado fue la suma de S/. 2,500. Posteriormente a la compra, se vendió al padre de los miembros de esta familia los predios adjudicados a un precio mayor al que pagaron. Según informes técnicos, el valor comercial de dichos terrenos asciende a más de S/. 21 millones, que es el monto de la defraudación patrimonial ocasionada al Estado por la venta ilegal. Los hechos detectados por la Contraloría evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión del delito de colusión simple y agravada, tipificado en el Código Penal, por lo que la Procuraduría Pública del Organismo Superior de Control iniciará las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en su Informe Especial.