Ministro de Cultura, Luis Peirano. Foto: ANDINA/Norman Córdova |
Estos procesos se refieren a la creación de un área de conservación regional en Loreto y al inicio de operaciones de explotación minera en Puno. Luis Peirano indicó que estos procesos son señales positivas para la implementación del derecho a la consulta previa. Asimismo, felicitó a los gobiernos regionales de Loreto y Puno por el compromiso en avanzar en una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno Nacional para garantizar los derechos de los pueblos indígenas del país. “Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad emitir el informe técnico respectivo y brindar la asistencia necesaria para la implementación de los procesos en las regiones mencionadas”, dijo. El ministro Peirano refirió que la consulta previa constituye el instrumento más importante de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, y dotará de mayor legitimidad a las decisiones estatales. Además, es una garantía para la buena inversión. Precisamente, el pasado 10 de mayo se llevó a cabo una reunión preparatoria en la ciudad de Iquitos entre representantes del gobierno regional de Loreto, delegados del pueblo indígena Maijuna y funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad. Esto con el objeto de establecer las acciones con miras a la realización del proceso de consulta previa para el establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna. Como resultado de la reunión, los asistentes acordaron trabajar en conjunto un plan de consulta que será presentado el próximo 21 de mayo, dando inicio de manera formal a un nuevo proceso de consulta en la región amazónica. Del mismo modo, el Viceministerio de Interculturalidad ha recibido de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno la solicitud de emisión del informe técnico para efectuar el proceso de consulta previa a la emisión de la autorización de actividades de explotación minera del proyecto denominado Chiquitosa-A. El proyecto se encuentra ubicado en tierras de dos comunidades campesinas, y se ha identificado una probable afectación a los derechos colectivos de la población indígena quechuahablante que habita en dichas comunidades.
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