El objetivo del magistrado es verificar los resultados sobre la posible contaminación de las aguas de la presa Pasto Grande, que se destina al consumo humano y agrícola. Y sumado a ello, conocer cómo se altera el recurso hídrico y, de haber instituciones responsables, iniciar investigaciones y disponer sanciones. Según dijo, la fiscalía tiene referencia de microalgas que afectan el agua represada, producto de ríos tributarios con pasivos ambientales de minas que antaño se instalaron en la zona. La Dirección de Salud Ambiental ha emitido informes sobre el tema. El PERPG encargó a una consultora que realice el diagnóstico de la calidad de agua y proponga alternativas de solución.
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