JOSé FIGUEROA.- josefigueroa781@hotmail.com
Por haber sido hallados como responsables del delito contra la Administración Pública en su modalidad de desobediencia a la autoridad, omisión y retardo de deberes funcionales en agravio del Estado en la personería del Jurado Nacional de Elecciones, los consejeros regionales del Gobierno Regional de Huancavelica, María Villavicencio Valle, Gladys Gonzales Lezama, Benito Navarro Muñoz, Irineo Abel Yance Ortiz y Alfredo Bonzazo Cárdenas, fueron condenados a dos años de privación de su libertad con el carácter de suspendida por el periodo de prueba de un año bajo reglas de conducta a observar, el pago en forma solidaria de 10 mil soles como reparación civil e inhabilitación de un año. La sentencia fue pronunciada el 21 de abril del año en curso en el Palacio de Justicia de Huancavelica por el titular del Primer Juzgado Penal, Mario Castillo Bustíos.
En el caso del delito de omisión de retardo de actos funcionales, el juez concluyó que los consejeros aprovechando ser mayoría en el Consejo omitieron dar trámite correspondiente a la solicitud de vacancia del presidente regional, Federico Salas, presentada por el ciudadano William Rodas Alejos el 16 de enero del 2007, arguyendo una supuesta carga laboral, todo ello planificado con el propósito de no tocar el asunto y por todo ello el trámite de la solicitud de vacancia demora más de cinco meses.
En el caso de rehusamiento y retardo, los consejeros, dice textualmente la sentencia, tomaron conocimiento de la solicitud de vacancia contra el presidente regional de Huancavelica presentada por el ciudadano William Rodas Alejos el 16 de enero del 2007, cuya copia les fue entregada por el secretario general de consejo, Toribio Castro.
?Los acusados en todo momento evitaron que el asunto sea visto en sesión de consejo, dilataron de manera intencional postergándose siempre con el claro propósito de ganar tiempo a la espera de la resolución judicial, mediante el cual se rehabilitaría al presidente regional de la condena impuesta en su contra por los delitos contra la fe pública.
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