Miércoles 21 de Abril del 2010.- Cocachacra es un distrito en donde viven personas de buena voluntad, gente amable, cordial con los visitantes. Son hombres y mujeres que disfrutan de paisajes hermosos, acostumbrados a una vida pacífica, y con grandes deseos de alcanzar la prosperidad. Por ello debemos preguntarnos, ¿qué ha impulsado a sus habitantes a realizar un acto ilegal como el bloqueo de una carretera durante seis días, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino la de sus familias, así como la de cientos de pasajeros, transportistas y la de los propios policías?
El domingo pasado, mientras buscábamos caminos para el diálogo y el retorno a la legalidad, juntando a los dirigentes de la población y a las autoridades, pude advertir claramente una profunda preocupación por el futuro de su estilo de vida, en particular su temor a que la agricultura sea desplazada por el proyecto minero que se intenta desarrollar en su localidad. Sin embargo, mucho más sentido y doloroso fue su reclamo de no ser escuchados por su propio Estado.
Esta es una realidad que debemos encarar. Muchos de los ciudadanos sienten que solo bloqueando una carretera o realizando algún otro acto ilegal lograrán que el Estado los atienda. Por ello, las autoridades deben comprender que la calidad de su gestión se mide por su cercanía al pueblo. Una autoridad que se acerca al ciudadano está cumpliendo su función principal: servirlo en nombre del bien común.
La falta de confianza de la ciudadanía en el Estado se puede entender si reconocemos que, lamentablemente, es habitual encontrar funcionarios lejanos, ajenos a las preocupaciones de la población, en especial de aquella en mayor desventaja y exclusión. Se les ve como funcionarios que aparecen después de la violencia y que tampoco realizan un apropiado esfuerzo de comunicación respecto de sus decisiones. Es evidente que debemos tratarnos todos como iguales, y el Estado no debe generar la percepción de un trato discriminatorio en la atención de sus ciudadanos.
Por otro lado, el sector privado también debe reflexionar sobre su papel en estos conflictos. Muchas empresas tienen buenas relaciones con sus vecinos. Han comprendido que, antes que contar con más consumidores, necesitamos más ciudadanos y ciudadanas. Un ciudadano es un individuo que ha recibido una educación indispensable para pensar y evaluar y que, en razón de haber desarrollado su discernimiento, es capaz de adoptar las mejores decisiones.
Ahora, en el caso de Islay, toca acercarse a la gente, a escuchar atentamente sus demandas, a buscar consensos, a informarles apropiadamente sobre los detalles del proyecto y reconstruir la relación de confianza. Debemos imponernos todo el tiempo necesario para que se alcancen estos objetivos, y buscar rumbos de entendimiento y de beneficios mutuos, dejando de lado intereses personales subalternos. No se debe volver a abandonar el camino del diálogo y la legalidad. Ese es mi deseo y mi sentida exhortación a las autoridades, dirigentes, empresarios y población en general.
[*] Defensora del Pueblo
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