Costo por derrame de Grupo México en Sonora, será de 1,800 mdp

Costo por derrame de Grupo México en Sonora, será de 1,800 mdp.-Diario Excelsior.-03/10/2014 .- 06:25.-Notimex.-HERMOSILLO, 3 de octubre.- El daño ambiental que Grupo México causó en Sonora, tras el derrame tóxico, asciende al menos a mil 800 millones de pesos, dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Guillermo Haro Bélchez, procurador ambiental, explicó que las autoridades federales cuentan con dictámenes sobre las afectaciones del vertido de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales pesados de la minera Buenavista del Cobre sobre los ríos Bacanuchi y Sonora.

El derrame de tóxicos 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros
del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora.

De acuerdo con la Profepa, la empresa minera productora de cobre, propiedad de Grupo México, debe presentar este mes un programa de remediación o, en su caso, de compensación de los daños ocasionados por el derrame. En tanto, la Comisión Intersecretarial designada por el Ejecutivo para atender las afectaciones por el derrame informó que las acciones de apoyo a la población afectada continuarán en materia de abasto de agua, entrega de recursos y evaluación de daños a la salud. “Los primeros resultados del muestreo de cinco pozos indican que están dentro de la norma, lo cual habrá de confirmarse en las próximas 48 horas. Se espera que para los otros 17 pozos se tengan los resultados a más tardar el 5 de octubre”, expuso el coordinador de la Comisión, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo.
Daño ecológico en Sonora es por 1,800 mdp: Grupo México deberá monitorear la contaminación del río, el daño a las tierras, al ganado y a la atmósfera. El daño ambiental estimado por el derrame de la minera Buenavista del Cobre, de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora, asciende al menos a mil 800 millones de pesos, informó la Profepa. El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, señaló que ya se cuenta con algunos dictámenes preliminares sobre el daño ocasionado por este derrame tóxico en agua, flora, fauna y la vida silvestre. El Instituto de Ecología y Cambio Climático, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha estimado inicialmente que el daño ecológico alcanza unos mil 800 millones de pesos, anotó en entrevista radiofónica. Indicó que la Profepa cuenta con dictámenes preliminares que realizaron dependencias e instituciones que conocen de los temas como es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sobre la calidad del agua. Por su parte, refirió, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) valoró el daño a la flora y fauna, así como a la vida silvestre. Destacó que el daño ambiental ocasionado es a corto, mediano y largo plazo; sin embargo el perjuicio final no se conocerá ahora sino hasta que transcurra el tiempo y se observen los síntomas sobre el comportamiento de los metales en el agua y los suelos. Se desconoce, subrayó, el tiempo que esto dure; sin embargo, la empresa minera productora de cobre, propiedad del Grupo México, deberá monitorear de manera permanente la contaminación del río, el daño a las tierras, al ganado y a la atmósfera. Destacó que una de las medidas que Profepa dictó es que la empresa debe presentar, a más tardar este mes, un programa de remediación o en su caso de compensación de los daños ocasionados por el derrame tóxico en los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora. El programa de remediación, abundó, será avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en tanto que la Profepa le dará seguimiento para su cumplimiento.
Continúa apoyo a afectados: La Comisión Intersecretarial designada por el Ejecutivo de Sonora para atender las afectaciones por el derrame de la Mina Buenavista del Cobre informó que las acciones de apoyo a la población afectada continuarán en materia de abasto de agua, entrega de recursos y evaluación de daños a la salud, entre otros. Al dar a conocer los avances en estas tareas, precisa en un comunicado que las 54 pipas que suministran agua operan con regularidad para resarcir el daño en los siete municipios afectados, y que al momento se han entregado 377 tinacos (40 de cinco mil litros, 27 de dos mil 500 litros y 310 de mil 100 litros). Aclara que aún se encuentra en proceso la contratación de proveedores locales para la instalación de los mismos. Respecto al muestreo de los pozos, informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Cofepris han tomado muestras de 22 pozos, con intervalos de tiempo, antes de poder ser liberado. El 50 por ciento de todas las muestras las analiza la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, órgano desconcentrado de la Cofepris, y otro 50 por ciento lo será en próximos días. “Los primeros resultados del muestreo de cinco pozos indican que se encuentran dentro de la norma, lo cual habrá de confirmarse dentro de las próximas 48 horas. Se espera que para los otros 17 pozos se tengan los resultados a más tardar el 5 de octubre”, precisó en su calidad de coordinador de la Comisión, Alfonso Navarrete Prida. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que de acuerdo con estudios “no se han encontrado en el ganado residuos significativos de cobre por arriba de los niveles máximos permitidos, por lo que no representa un riesgo para los grupos de animales que hayan consumido agua contaminada”.
Desastre ambiental: El daño ecológico en Sonora por derrame de tóxicos es considerado el peor desastre ambiental en el estado:
El 6 de agosto fueron derramados 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora.

Los contaminantes detectados en revisiones son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
Autoridades federales confirmaron que hay 19 personas afectadas a la salud a consecuencia del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre hacia el caudal del río Sonora que atraviesa siete municipios con 22 mil habitantes.
El 23 de septiembre, los pobladores de la cuenca del río Sonora recibieron los primeros pagos para resarcir los daños provocados por el derrame de sustancias tóxicas.

Parte contingente policial para proteger mina Aruntani

Parte contingente policial para proteger mina Aruntani.-Diario Correo de Moquegua.-09:34.-MOQUEGUA .-La mañana de ayer partió un contingente policial de 50 agentes del orden hacia la mina aurífera de Aruntani ubicada en el distrito de Carumas en la provincia de Mariscal Nieto.

Según fuentes policiales, el envío de personal se debería a una medida de prevención ante una posible amenaza de hurto de equipos y toma de la mina por parte de los comuneros de dicho sector. Este accionar obedecería a una medida radical de protesta por parte de los poblados aledaños a Aruntani, que acusan a dicha minera de causar daños ambientales y de incumplimiento de algunos compromisos pactados. Trascendió que un presunto derrame de sustancias químicas ocasionó que la población de la zona andina tome dichas resoluciones. Por lo cual ayer, representantes de la minera Aruntani sostuvieron una reunión con los dirigentes de las comunidades para solucionar este conflicto. Todavía no se ha pronunciado al respecto la Defensoría del Pueblo ni la Gobernación Regional de Moquegua. La mina aurífera se ubica a 4 mil 500 m.s.n.m.

Bear Creek busca diálogo con el Gobierno para destrabar proyecto Santa Ana.

Bear Creek busca diálogo con el Gobierno para destrabar proyecto Santa Ana.-Diario Gestión.-Viernes, 27 de septiembre del 2013.-16:17.-Andrés Franco, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la minera, indicó que su empresa quiere evitar llegar a fueros internacionales en su intención de recuperar el proyecto, que le fuera revocado en el 2011 por el gobierno de Alan García, tras protestas de los pobladores de Puno.

(Foto referencial/USI)

Lima (Reuters).- La minera Bear Creek Mining Corp quiere un diálogo con el Gobierno para destrabar el desarrollo del proyecto de plata Santa Ana, cuyos derechos le fueron cancelados en 2011 tras una protesta, informó un ejecutivo de la compañía. El desarrollo de Santa Ana fue cancelado en los últimos días del Gobierno del expresidente Alan García tras protestas de pobladores de la región Puno, que rechazaban su operación por temor a un daño ambiental. Bear Creek Mining Corp interpuso un recurso legal para intentar recuperar la concesión del depósito que le había sido revocada. La empresa también dijo que podría recurrir a instancias internacionales de arbitraje en busca de revertir esa decisión. “En este momento estamos en la búsqueda de abrir puertas para poder conversar al respecto. El objetivo es evitar trascender en conflictos que vayan a fueros internacionales y llegar a acuerdo en que el Estado y la empresa pudieran solucionar sus inconvenientes”, dijo a Reuters el vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek Mining, Andrés Franco. La mina, donde se tenía planeado producir 5 millones de onzas de plata al año desde 2012, tiene reservas por 63.2 millones de onzas de plata. Preguntado sobre el curso del amparo judicial presentado por la empresa, Franco refirió que “hasta ahora no tenemos ninguna solución en ese camino, por lo menos no hay ninguna, no se ha determinado nada judicialmente ni a favor ni en contra”. Bear Creek recibió esta semana la aprobación de su estudio de impacto ambiental para desarrollar su proyecto Corani, otra mina de la firma en Puno, pero más grande que Santa Ana. A inicios de año, la empresa había logrado también la aprobación de la población para desarrollar Corani, cuya inversión se estima en unos 574 millones de dólares. Corani produciría unos 13 millones de onzas de plata al año durante sus primeros cinco años de producción, según la compañía. “Nuestro planteamiento es si tuviésemos la oportunidad de seguir trabajando en Santa Ana, en buen acuerdo con el Gobierno, haríamos la réplica de lo que venimos trabajando en Corani, logrando básicamente la licencia social”, afirmó. El presidente Humala busca apaciguar los conflictos sociales en el clave sector minero desde que unas violentas protestas paralizaron el proyecto de oro Conga, de unos 5,000 millones de dólares, de la estadounidense Newmont Mining.