Somos un grupo de ciudadanos comprometidos en la lucha contra la corrupción en la Provincia de Ilo y la Región Moquegua. Sabemos que la mejor forma de asegurar el desarrollo sostenible es vigilando la gestión pública y a sus funcionarios para que actúen correctamente en el uso de los fondos públicos
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jueves, 27 de marzo de 2014
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso desarrollará audiencia pública descentralizada. Con la finalidad de escuchar a la sociedad civil organizada.
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso desarrollará audiencia pública descentralizada. Con la finalidad de escuchar a la sociedad civil organizada. Publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 8 de la edición del jueves 27 de marzo.
lunes, 17 de febrero de 2014
El 54 % de peruanos cree que la corrupción es el principal problema del país
El 54 % de peruanos cree que la corrupción es el principal problema del país.-Diario La República.-Lunes, 17 de febrero de 2014.- 2:14 pm.-Además, 69 % no confía en la Policía y un 44 % asegura que los agentes policiales le inspiran más temor que seguridad. El 54 % de peruanos considera que la corrupción es el principal problema de las instituciones públicas e impide el desarrollo del país, según una encuesta de la firma Ipsos difundida hoy.
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Un 50 % de entrevistados opinó que dentro de cinco años la corrupción
en el país seguirá igual. Foto: La República.
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sábado, 15 de febrero de 2014
Comisión de Fiscalización del Congreso recibió más de 70 denuncias en Tacna
Comisión de Fiscalización del Congreso recibió más de 70 denuncias en Tacna.-Diario La República.-Sabado, 15 de febrero de 2014.- 4:30 am.-Luz Elena Vega Nieto.-Tacna.-La Comisión de Fiscalización del Congreso realizó ayer la IV Audiencia Pública Descentralizada para recoger las denuncias en Tacna sobre presuntos actos de corrupción cometidos por autoridades y funcionarios públicos.
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| Sesión de la Comisión de Fiscalización en Tacna. |
domingo, 29 de septiembre de 2013
Fuad Khoury: “Necesitamos ser más drásticos con los corruptos en el Perú, porque no tienen miedo”.
Fuad Khoury: “Necesitamos ser más drásticos con los corruptos en el Perú, porque no tienen miedo”.-Diario Gestión.-Domingo, 29 de septiembre del 2013.-18:00.-El contralor general advirtió que la competitividad en el país está siendo sustantivamente afectada por la corrupción. “Tomemos el cincel y forjemos un Perú mejor”, exhortó.
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| Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar |
Dato: La IV Conferencia Anticorrupción Internacional – CAAI2013, organizada por cuarto año consecutivo por la Contraloría General, congregó los días 25 y 26 de setiembre en la Universidad de Lima a ocho expertos internacionales, más de 30 panelistas y contó con la asistencia de 1 000 personas, entre los que se encontraban autoridades políticas, funcionarios públicos, gremios empresariales, autoridades académicas, representantes de la sociedad civil y del sector privado.
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martes, 20 de noviembre de 2012
Declaran improcedentes tres acusaciones constitucionales.
Declaran improcedentes tres acusaciones constitucionales.-Agencia ANDINA.-Lima, nov. 20.-17:43.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento declaró hoy improcedentes tres denuncias constitucionales presentadas contra el Contralor General de la República, los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura.

El primer caso enviado al archivo fue la acusación presentada por un ciudadano contra el contralor general de la República, Fuad Khoury, por supuestamente haber incurrido en falta funcional. El grupo parlamentario consideró que el Congreso carece de facultades para hacer cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Precisamente, el denunciante pretendía que el Poder Legislativo dispusiera el cumplimiento de esos pronunciamientos. Sin embargo, esa facultad no está contemplada en la Constitución ni en el reglamento parlamentario. La segunda acusación desestimada fue formulada contra los integrantes del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación, José Peláez, por supuesta separar ilegalmente del cargo de vocal superior a Zenón Bernuy Cunza. Sin embargo, conforme a los documentos analizados, los denunciados cumplieron con sus atribuciones de no ratificar al denunciante, por no cumplir con los requisitos para el cargo, pues omitió informar que había sido condenado anteriormente por abandono de familia. Además, el TC había desestimado la acción de amparo que presentó en esa instancia, por lo que se trataba de un caso de cosa juzgada. La tercera y última acusación archivada había sido planteada contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Según el documento, los denunciados habrían cometido el delito de abuso de autoridad, por presuntamente haber incumplido lo establecido en el reglamento que regula los procesos de ratificación de magistrados. La documentación recabada por la comisión legislativa permitió establecer que el denunciante no fue ratificado al no haber aprobado el examen al que fue sometido. Sus respuestas no satisficieron al jurado.

El primer caso enviado al archivo fue la acusación presentada por un ciudadano contra el contralor general de la República, Fuad Khoury, por supuestamente haber incurrido en falta funcional. El grupo parlamentario consideró que el Congreso carece de facultades para hacer cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Precisamente, el denunciante pretendía que el Poder Legislativo dispusiera el cumplimiento de esos pronunciamientos. Sin embargo, esa facultad no está contemplada en la Constitución ni en el reglamento parlamentario. La segunda acusación desestimada fue formulada contra los integrantes del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación, José Peláez, por supuesta separar ilegalmente del cargo de vocal superior a Zenón Bernuy Cunza. Sin embargo, conforme a los documentos analizados, los denunciados cumplieron con sus atribuciones de no ratificar al denunciante, por no cumplir con los requisitos para el cargo, pues omitió informar que había sido condenado anteriormente por abandono de familia. Además, el TC había desestimado la acción de amparo que presentó en esa instancia, por lo que se trataba de un caso de cosa juzgada. La tercera y última acusación archivada había sido planteada contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Según el documento, los denunciados habrían cometido el delito de abuso de autoridad, por presuntamente haber incumplido lo establecido en el reglamento que regula los procesos de ratificación de magistrados. La documentación recabada por la comisión legislativa permitió establecer que el denunciante no fue ratificado al no haber aprobado el examen al que fue sometido. Sus respuestas no satisficieron al jurado.
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