Destaca la Contraloría: Nuevo marco legal para declaración jurada favorece lucha anticorrupción

Destaca la Contraloría: Nuevo marco legal para declaración jurada favorece lucha anticorrupción .-Agencia ANDINA.-Lima, ene. 07.-14:30.- El nuevo marco legal de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, aprobado anoche por el pleno del Congreso, constituye un apoyo sustancial que fortalecerá la lucha anticorrupción, destacó hoy la Contraloría General de la República.

ANDINA/archivo

La iniciativa legal, basada en una propuesta presentada por la Contraloría, permitirá evaluar la evolución patrimonial y financiera de los trabajadores públicos, a fin de prevenir o detectar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Tras felicitar la decisión del Parlamento, la entidad fiscalizadora resaltó que el proyecto aprobado amplía el espectro de funcionarios y servidores públicos que deberán presentar de manera obligatoria sus declaraciones juradas. Con ello, no solo estarán obligados los altos funcionarios o titulares de entidades, o los que administran y manejan fondos del Estado, sino también quienes disponen de bienes y toman decisiones en torno al uso del patrimonio. Bajo esa premisa, se incluye a todos los alcaldes y regidores y no solo los municipios que administran recursos económicos mayores a las 2,000 Unidades Impositivas Tributarias, como era antes de esta ley. Además, se incorpora en esta obligación a los miembros de los consejos regionales y a los parlamentarios andinos. La norma considera que la nueva declaración jurada deberá ser específica y valorizada sobre los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos propios del funcionario y los comunes del matrimonio que posean en el país y el extranjero. La presentación de la información se realizará al inicio, durante el ejercicio y al término de la gestión o cargo que ejerce el funcionario público obligado a declarar, en las oportunidades y plazos que se establezcan en el reglamento.

Infracciones y Sanciones: Adicionalmente, se fortalecen las sanciones ante incumplimiento en la presentación de las declaraciones, omisión o falsedad en la información presentada, mediante multas, suspensión temporal, destitución, despido o resolución contractual e inhabilitación para contratar con el Estado, según sea el caso. Las entidades están obligadas a publicar la relación de infractores. Con la ley, el país cumple los compromisos asumidos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Alianza para un Gobierno Abierto, entre otros, concluyó la Contraloría en un comunicado.