Mediante Ley de Pérdida de Dominio. Fiscalía anticorrupción recupera inmueble de extestaferro de Montesinos.-Agencia ANDINA.-Lima, ene. 21.-18:55.- El Poder Judicial declaró fundada la demanda de pérdida de dominio interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción y permitió recuperar un inmueble que pertenecía a Alberto Venero Garrido, ex testaferro de Vladimiro Montesinos.
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Alberto Venero Garrido |
El Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios indicó que el inmueble está ubicado en la avenida Javier Prado Este No.309, distrito limeño de San Isidro. La Ley de Pérdida de Dominio permite que pase a titularidad del Estado los bienes obtenidos de manera ilícita por el narcotráfico y el crimen organizado en general. Según explicó el fiscal adjunto Javier Cano Cier, la mencionada propiedad estuvo a nombre primero de Néstor Canales Benites y luego de Raúl Merino Félix. Ambas personas admitieron haber autorizado la utilización de sus nombres para la adquisición del inmueble valorizado en más de 100 mil dólares, tras llegar a un acuerdo con Venero Garrido. Al obtener esta información, el fiscal Cano Cier presentó la demanda de pérdida de dominio el 29 de abril de 2013, ante el Tercer Juzgado Penal Liquidador Transitorio pero el caso fue trasladado, finalmente, al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. "Esta demanda la presenta el Ministerio Público, tal como lo dispone el Decreto Legislativo 1104, que a la letra dice que al concluir la investigación preliminar, el fiscal podrá demandar ante el Juez competente la declaración de pérdida de dominio, adjuntando los medios probatorios pertinentes", explicó. Detalló que se hizo la demanda al hallar los elementos de convicción necesarios y luego de verificar que la propiedad fue adquirida irregularmente, porque los ingresos del Venero Garrido no justificaban la compra de un inmueble altamente valorizado. Luego de los alegatos y fundamentos expuestos por la fiscalía, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió declarar fundada la demanda, resolviendo inscribir como titular del predio al Estado, a través de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).
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