En caso se nieguen a pagar reparaciones civiles. Comisión de Alto Nivel respalda reportar a corruptos ante centrales de riesgo.-Agencia ANDINA.-Lima, ene. 31-11.27.- La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción respaldó hoy que se reporte ante las centrales de riesgo a los sentenciados por corrupción que se nieguen a pagar las reparaciones civiles impuestas, y dijo que deben adoptarse todas las acciones para cobrar esas deudas. Gonzalo García Núñez, presidente de esta comisión, consideró adecuada la medida porque anulará financieramente a los corruptos y los expondrán ante los agentes económicos y la opinión pública como deudores.
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| El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y del Consejo Nacional de la Magistratura. Gonzalo García Núñez. Foto: ANDINA/archivo |
Según
la Procuraduría Anticorrupción, colocar en las centrales de riesgo a los sentenciados por corrupción ayudará a recuperar los montos de las reparaciones civiles que solo en los juicios vinculados al caso Fujimori-Montesinos, ascienden a 1,000 millones de nuevos soles. A la par, la procuraduría busca que se declare la insolvencia de estas personas para que no puedan acceder a ningún tipo de crédito y obligarlos a cumplir con su deuda con el Estado. “El objetivo es claro porque apunta a recuperar el íntegro de las reparaciones civiles adeudadas al Estado, de una manera más rápida y efectiva, no es cuestión de posibilidad, sino de realidad”, expresó García Núñez a la Agencia Andina. A su juicio, dicha medida debería ir acompañada de una mejor coordinación entre la Superintendencia de Banca y Seguros y el Poder Judicial para la identificación y ubicación de dineros ilícitos sustraídos por estas personas, para que reviertan a favor del tesoro público. Resaltó también los esfuerzos de la Procuraduría para que las personas que se beneficiaron ilícitamente del Estado, no solo cumplan su condena, sino que también paguen las reparaciones que deben al Estado. Gonzalo García, asimismo,
consideró preocupante que de las 1,500 denuncias contra funcionarios públicos formuladas por la Contraloría General de la República ante el Poder Judicial, entre 2009 y 2011, sólo 70 hayan terminado en sentencias, pero ninguna con pena privativa de libertad. Indicó que por tratarse de una situación compleja es necesario iniciar un debate sobre la posibilidad de duplicar los plazos de las penas y los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, ante la poca efectividad de las sentencias impuestas por el Poder Judicial.
