Wola: Nuevo gobierno debe aprobar consulta previa y buscar salidas negociadas a conflictos.

Coletta Youngers, asesora principal del Washington Office
for Latin America (WOLA).

Wola: Nuevo gobierno debe aprobar consulta previa y buscar salidas negociadas a conflictos.-Agencia Andina. Lima,09:18- jul. 13- La búsqueda de soluciones negociadas, la aprobación de la Ley de Consulta Previa y evitar “criminalizar las protestas, recomendó al nuevo gobierno la asesora principal de Washington Office for Latin America (WOLA), Coletta Youngers, para hacer frente a los conflictos sociales. Youngers, investigadora de los países andinos, sostuvo que el gobierno entrante tendrá dificultades con los conflictos recientes que se presentaron en algunas regiones del país, si es que carece de una estrategia de pronta solución a los reclamos. “Es un reto tremendo que tiene el nuevo gobierno porque el nivel de los conflictos sociales ha sido muy alto en los últimos años. Me parece que el primer paso es buscar soluciones negociadas, donde las comunidades afectadas tengan la posibilidad de tener una voz”, dijo a la Agencia Andina. Agregó que este punto es importante porque en la mayoría de conflictos, la población argumenta que sus reclamos o planteamientos son desoídos por las autoridades, y nunca son escuchados como principales beneficiarios de los recursos que son explotados. De igual manera, consideró importante no caer en la “criminalización de la protesta social” porque el derecho a manifestarse es un principio consagrado por diversos instrumentos jurídicos. Youngers aclaró que la muerte o la afectación de la propiedad privada y pública, sí son delitos que deben ser sancionados porque revisten carácter penal, pero opinó que esa clase de hechos lamentables no puede ser utilizada para generalizar como delito a cualquier tipo de protesta. “Todo eso indica la importancia del derecho a la consulta previa, cuya ley se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de la República”, recordó. En todo caso, señaló que el próximo gobierno de Humala debe tomar en cuenta las circunstancias de los conflictos sociales, cuyo número se incrementó hasta mayo último, de acuerdo a los reportes bimensuales de la Defensoría del Pueblo.