Al banquillo. !La justicia los pide¡-Diario Correo de Puno.-Puno - Responderán ante la justicia. El Procurador Público Adjunto Especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, Jorge Julca Ramírez, interpuso el último 30 de mayo una denuncia penal en contra de quienes promovieron el paro del sur aymara y los presuntos responsables de los actos de violencia en el denominado "jueves negro" en la ciudad de Puno. La denuncia es ante el Fiscal Provincial Penal Corporativa - Fiscalía de Turno en Puno del Ministerio Público, y en contra de varios dirigentes, alcaldes, consejeros de la región y personas que instigaron a la paralización antiminera principalmente de las provincias de Yunguyo y Chucuito. DELITOS. En el escrito al que tuvo acceso Correo el letrado acusa a los imputados como autores materiales e instigadores de la presunta comisión de delitos contra el patrimonio (en la modalidad de extorsión), contra los medios de transporte, comunicaciones y otros servicios públicos (en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos). Asimismo contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios; así como los delitos contra el derecho de Sufragio, en la modalidad de perturbación violenta del proceso electoral. La denuncia la encabeza el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona sur de Puno, Walter Aduviri Calizaya y quienes integran esta organización, por los delitos de instigación establecido en el artículo 24º del Código Penal, junto a Rufino Machaca, Javier Pari, Guido Velez (Frente de Organizaciones Populares), Patricio Illacutipa, Edwin Condori Chipana, Gilver Chura Yupanqui, Benjamín Choque y otros. También están incriminados Pablo Salas , Efraín Condori (SUTEP), Lino Aranzamendi (Decano del Colegio de Abogados). AUTORIDADES. Entre los alcaldes denunciados por el procurador del Ministerio del Interior se encuentran Walker Chalco Rondon (de Yunguyo), Juan Aguilar Olivera (Chucuito), Agustín Quispe Galindo (Pomata), Juan Carlos Aquino Condori (Desaguadero), David Quille Gómez (Pilcuyo), Ricardo Jiménez Castillo (Zepita) y Aureliano Alejo Calisaya (Copani). También están incluidos los consejeros regionales José Cormilluni Quispe, (Chucuito), Alex Flores Zevallos (Yunguyo) y otros. FUNDAMENTOS. Entre los fundamentos se encuentran las amenazas de toma de locales de parte de Walter Aduviri Calisaya en la mesa de diálgo, desarrollado en al Dirección Regional Agraria el día 09 de mayo; los bloqueos en los que participaron los dirigentes; opiniones instigadoras en los medios de comunicación en favor de la toma de carreteras, los desmanes, incendio y saqueo de la SUNAT, la Gobernación y Aduanas. A las autoridades, alcaldes y consejeros implicados se les acusa del delito contra el patrimonio, ya que en su calidad de funcionarios participaron activamente en la agitació,n contraviniendo lo establecido en el artículo 42º de la Constitución Política que prohíbe el derecho a sindicación y huelga de los funcionarios públicos. El representante del Ilustre Colegio de Abogados, Lino Aranzamendi, responderá por el delito de apología, por señalar en un medio de comunicación que "la huelga de los aimaras era una heroica jornada de lucha.. que merece la más amplia solidaridad". La denuncia recoge una serie de expresiones dadas a los medios de comunicación principalmente, para dar cuenta de las acciones de violencia, la toma de varias carreteras y puentes por los que responderán los denunciados por el delito de inducción criminal y el entorpecimiento de al funcionamiento de los servicios públicos.
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