Mineras demandarán al Estado.-Diarrio Correo de Puno.-27 de junio de 2011-07:00 a.m.- Puno - Los decretos que eliminan toda actividad minera en el sur de Puno, donde las empresas serían expulsadas con las consultas previas, no solo afectarán los millones de dólares en impuestos o el canon, sino que podrían generar otros problemas de tipo legal. Y es que los inversionistas en minería directamente afectados entablarían juicios internacionales que le costarían al Estado incalculables indemnizaciones. Uno de ellos es la emisión del Decreto Supremo 032-2011, por el cual el Poder Ejecutivo cancela la autorización a la minera canadiense Bear Creek Mining Company Santa Ana que tenía previsto iniciar sus operaciones de explotación de plata en el distrito de Huacullani-Chucuito. Otro dispositivo legal, el DS 033-2012 "adecúa" los petitorios del rubro a un reglamento de la Ley de Consulta Previa; mientras el DS 034- 2012 señala que el Ministerio de Cultura dispondrá los mecanismos para que el pueblo apruebe o desapruebe la inversión privada. Ante este abrupto cambio de las reglas de juego en el tratamiento de las inversiones, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah, manifestó que la única salida de empresas como Santa Ana será acudir al Poder Judicial o a los tribunales internacionales. "Eso puede aplicarse solamente para las empresas que recién entren, pero si una empresa ya tiene el permiso legal y el procedimiento aprobado, no se puede. Ya había una ley de consulta cuando se dieron las concesiones, y no se puede aplicar en forma retroactiva. Si esto pasa, los inversionistas tendrán que defenderse en el Poder Judicial o en tribunales internacionales, y las demandas en esas instancias son multimillonarias", dijo. Farah pidió que el gobierno central explique claramente en qué inversiones ya ejecutadas o en trámite se aplicaría esta lógica, porque podría causar más perjuicios para todos los peruanos, incluso si el gobierno entrante lo aplica con una lógica radical. ALERTA.Una de las primeras empresas y la más afectadas (Bear Creek) ha tomado la firme decisión de defender por la vía legal la concesión de la minera Santa Ana que el último sábado le revocó el gobierno, encendiendo la luz de alarma sobre todas las inversiones en minería en el altiplano. Bear Creek anunció desde su sede en Vancouver que no se quedará cruzada de brazos y que usará "todos los caminos disponibles" para explotar la mina Santa Ana. Su presidente, Andrew Swarthout, sostuvo que la empresa "tiene la intención de defender sus derechos en Santa Ana y principalmente la Seguridad Jurídica de Inversiones", incluyendo la ley peruana y lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio Canadá- Perú. Agrega que cualquier modificación del decreto "es ilegal y sin base", dado que considera haber cumplido con las leyes peruanas, según un comunicado. Bear Creek tenía previsto invertir 71 millones de dólares por cinco millones de onzas de plata en los siguientes cinco años en la zona que obtuvo la concesión. La cancelación del proyecto minero es el segundo en lo que va del año, luego que en abril las protestas sociales de campesinos obligaron al gobierno a rechazar el proyecto cuprífero Tía María del gigante Southern Perú, del grupo México.
Publicado en la portada principal y en la página 8 del diario Correo de Puno, en su edición del lunes 27 de junio.
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