Servidores de la MPI lograrían estabilidad laboral. Municipio sin procurador.- Unos 200 servidores estarían logrando estabilidad laboral en la MPMN. Alcalde electo sostiene que es una "bomba de tiempo"

Servidores de la MPI lograrían estabilidad laboral. Municipio sin procurador.- Unos 200 servidores estarían logrando estabilidad laboral en la MPMN. Alcalde electo sostiene que es una "bomba de tiempo". Estas dos noticias publica el diario La Prensa de Moquegua en su página 9 de la edición del viernes 10 de octubre. 

ONU lamenta hechos de violencia en Perú vinculados a explotación de recursos naturales

ONU lamenta hechos de violencia en Perú vinculados a explotación de recursos naturales.-BIZ USA PERU.- http://www.bizusaperu.com/noticias .-29 de Agosto , 2014.- La ONU mostró su preocupación por la información reciente sobre persecuciones penales y uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas que se oponen a proyectos extractivos.

El Comité de la ONU sobre la Discriminación Racial lamentó que sigan ocurriendo hechos violentos en Perú relacionados con la oposición a la explotación de recursos naturales y que no haya investigaciones exhaustivas al respecto. "El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penales y uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas que se oponen a proyectos extractivos", señaló el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. En un documento que contiene las observaciones y conclusiones del Comité, tras evaluar el informe de Perú sobre cómo da cumplimiento a esa Convención, se señala que una reforma reciente del Código Penal puede tener un impacto negativo sobre los pueblos indígenas. Se trata de una modificación legislativa que exime de responsabilidad penal a los agentes de las fuerzas del orden cuando causan lesiones o muerte, como resultado del uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber, según se explica. Para revertir esta situación, el Comité –integrado por dieciocho expertos independientes– recomienda al Estado peruano que considere la anulación de esa reforma del Código Penal para asegurar que los responsables de un uso excesivo de la fuerza contra indígenas respondan ante la justicia. En otro pasaje del documento se expresa inquietud por "la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales" de los proyectos extractivos. A ese respecto, menciona que esas concesiones siguen "vulnerando los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, territorios tradicionales y ancestrales, recursos naturales, incluyendo las aguas, generando problemas como la contaminación de mantos acuíferos". El Comité se pronuncia igualmente sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial, y considera que las medidas adoptadas para protegerlos sufren de "vacíos en su implementación". En este ámbito le preocupa, en particular, el plan para ampliar las actividades de exploración y extracción de gas natural en la reserva de Kugapakori Nahua Nanti, debido a que "puede poner en peligro el bienestar físico y vulnerar los derechos" de quienes viven en la zona. De otro lado, el informe menciona las dificultades que "enfrentan los niños cuya lengua materna no es el español para el acceso a una educación de calidad". Apunta, en esta misma línea, "los altos niveles de analfabetismo entre niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas y afroperuanas", razón por la que se pide que se implemente de forma efectiva la política de Educación Intercultural Bilingüe. En relación a la práctica del trabajo forzoso, el Comité denuncia que miembros de pueblos indígenas de los departamentos peruanos de Madre de Dios y Ucayali son sometidos a este tipo de abuso mediante engaños. Esto ocurre en los sectores maderero y minero, e incluye situaciones de servidumbre. Por ello, pide al Estado peruano que investigue y enjuicie a los responsables de tales actos, y que proporcione a las víctimas asistencia, protección y una reparación adecuada.

¿Cuáles son los recursos económicos que Chile se juega en la Corte de La Haya?

¿Cuáles son los recursos económicos que Chile se juega en la Corte de La Haya?.-Radio Uno de Tacna .-20 de enero del 2014.-8:35 a.m.-Mientras en el gobierno limitan el efecto económico, la industria pesquera chilena espera que un fallo adverso dé paso a mitigaciones, anota el diario La Tercera.

(Imagen USI)

El futuro económico de Arica preocupa a los chilenos. Y es que si el Tribunal Internacional de La Haya emite el próximo lunes 27 un fallo a favor del Perú, la más norteña de las ciudades chilenas perdería el acceso a la porción de mar de donde hoy extrae el 98% de sus recursos pesqueros, detalló el diario La Tercera de Chile en un reportaje que ha titulado “los recursos económicos que Chile se juega en La Haya”.
De ahí que este martes 22 se celebrará en Arica una reunión para analizar el futuro económico de esta ciudad y las repercusiones sobre el resto del país. La cita es de tal importancia que se anuncia la presencia del ministro de Economía, Félix de Vicente, del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y de los agentes ante La Haya Alberto van Klaveren y María Teresa Infante. Además, concurrirán autoridades regionales, y representantes de asociaciones gremiales, de pescadores artesanales y de pescadores industriales.
De acuerdo a la información del diario, un 94% de los recursos pesqueros de la zona corresponde a anchoveta, empleada principalmente para producir harina y aceite de pescado. De ese total, un 58% se captura en las primeras diez millas, territorio marítimo que el gobierno chileno cree que difícilmente el Tribunal cederá a favor del Perú. Sin embargo, admite que riesgo se cierne sobre el 42% restante, que se genera hasta las 40 millas mar adentro. El grupo Angelini, controlador de la empresa Corpesca, ha estimado que el 80% de la pesca de Arica se produce en el triángulo en disputa y que arriesga el 30% del negocio de su empresa. Si bien el Gobierno de Sebastián Piñera ha considerado imprudente cuantificar el efecto económico que podría generarle a su país el fallo, la gran industria ha comenzado a tomar previsiones. Para ello, se ha reunido con autoridades del sector pesca y el canciller Alfredo Moreno, a los que ha pedido esclarecer el impacto económico que tendrá el sector si se cambian los límites marítimos. El sector genera cerca de 3,000 empleos, 1,295 corresponden a la pesca artesanal, sector que opera 220 embarcaciones que abastecen, principalmente, a la industria y al mercado local, y también al sur del Perú. En el rubro industrial existen 836 trabajadores y opera con cerca de 50 barcos, que abastecen a ocho plantas elaboradoras: cuatro para consumo humano (conservas), dos para consumo animal y dos plantas elaboradoras de harina y aceite de pescado. La Tercera señala que los pesqueros chilenos calculan que si pierden el triángulo de 38,554 kilómetros cuadrados se “podrían arriesgar 1,500 empleos”. Por eso, agrega, esperan escuchar al canciller Moreno, que tras participar en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) este lunes, visitará el martes Arica para debatir escenarios. Los otros sectores de la economía ariqueña están tranquilos, asegura el gerente general de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota (Cordap), Sergio Giaconi. La XV Región, cuya capital es la ciudad de Arica, ha dejado atrás un negativo escenario de crecimiento, con cifras de desempleo que llegaron a los dos dígitos y que en los últimos años se ha mantenido estable, con una tasa que en el trimestre setiembre-noviembre llegó a 4.7%. La población también ha crecido, pasando de 182 mil personas en 2002 a 220 mil habitantes. Según datos oficiales, hay 77 mil personas ocupadas, de las cuales 17 mil trabajan en el comercio, 7,000 en transporte, 6,000 en minería, 5,000 en industria, y solo 500 personas en la pesca. El sector económico que mostró mayor peso en 2011, según datos oficiales, Servicios Personales representa el 16.9% del PIB de Arica y Parincota. Le siguen Administración Pública, con 15,5%, y Comercio, Restaurantes y Hoteles, con 13,9%