Suplemento Perumin 2013: Nuevo trato a los conflictos sociales.-Diario La República.-Jueves, 19 de septiembre de 2013.-5:13 pm.-Efraín Rodríguez.-Gobierno establece Índice de Indicadores de Conflictividad Social para prevenir manifestaciones antimineras. La alta conflictividad en el país por las operaciones mineras obliga al Estado a realizar un monitoreo constante de las poblaciones afectadas por las explotaciones. Las malas experiencias con proyectos como Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) fueron tragos amargos del pasado que costaron vidas y millones de dólares en inversión paralizada.
 |
Cambios. Vladimiro Huaroc confía en enfrentar de mejor manera la
conflictividad socioambiental para el desarrollo de la inversión minera. |
En ese sentido, el gobierno central quiere dar un giro al tratamiento de los conflictos socioambientales y ya no se limitará a promover mesas de diálogo. Ayer, en el Encuentro Empresarial de Perumin – 31 Convención Minera, el jefe de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Vladimiro Huaroc Portocarrero, presentó preliminarmente el Índice de Indicadores de Conflictividad Social. “Es un mapeo de los 49 proyectos de inversión en avance. No soluciona conflictos ni los predice. Es una radiografía del ánimo social frente a la inversión”, destaca. Esta herramienta se entregará en dos semanas. Contiene indicadores de desarrollo social, económico, rural y de salud de las comunidades, analizados matemáticamente. El levantamiento de esta data permitió el ingreso del Estado a la población más alejada y afectada por la actividad minera. “Hay antecedentes que demuestran un abandono del Estado por más de 15 años en las zonas más alejadas. Ahora nos hemos acercado y hemos tomado datos de sus inquietudes y formas de vida. El Estado debe trabajar con herramientas precisas”, señala. Con la herramienta también se busca generar concientización social sobre las inversiones, pues aún persiste un fuerte rechazo a la actividad extractiva. Huaroc Portocarrero detalla que del total de proyectos operando, el 60% tiene conflictos sociales. En ese sentido, la sistematización de la conflictividad social se convierte en una política estatal que será la llave para la ansiada operación y desarrollo. No es para menos. Por cada proyecto minero con una inversión mayor a US$ 57 mil millones, deja un beneficio económico de US$ 10 mil millones anuales para el país en tributos. En una coyuntura de desaceleración económica, el sector minero requiere mayor inversión e incremento de su producción para paliar los precios bajos de los metales en el mercado internacional. Evitar los conflictos es una valla aún alta de saltar y el Índice de Indicadores de Conflictividad Social tratará de bajar la alta tensión.
CONGA SE CONCIENTIZA: La mejor muestra de cambio radical de conciencia social es Cajamarca. El jefe de la Oficina de Diálogo de la PCM explicó que la región norteña se muestra lentamente a favor de la explotación minera. Hace una semana, el municipio de La Encañada y la minera Yanacocha firmaron un acuerdo de rehabilitación de 200 kilómetros que unirán 120 poblados. “Este es un paso importante en el cambio de mentalidad. La depresión económica en Cajamarca ha generado una aceptación paulatina”, concluye el alto comisionado. Sin embargo, reconoce que aún queda un camino largo que recorrer y recién se verá reflejado cuando se logren consolidar inversiones mineras importantes como la de Southern en Tía María, distrito de Cocachacra, en Arequipa.
EL DATO: POSTERGADOS. En el Perú existe actualmente un portafolio de inversiones mineras de más de 57 mil millones de dólares. Más del 40% de esa cantidad son en proyectos ubicados en cinco regiones del sur del país. La mayoría está postergado por los conflictos sociales en las zonas de influencia.
