Fiscalía investiga 13 casos de lavado de activos

Fiscalía investiga 13 casos de lavado de activos.-Diario La República.-Edición Impresa del 15 de Agosto de 2015.-CASOS. Entre los investigados figuran el hijo del exalcalde Alberto Coayla y Víctor García, sobrino de la exautoridad de Torata.

Casos. Salas tiene dudas sobre patrimonio e investigados..

El incremento patrimonial de un grupo de empresarios, una exautoridad y personas de su entorno ha generado sospechas en las autoridades de la Fiscalía. El ente tiene en marcha 13 investigaciones por el delito de lavado de activos. Este delito supone la ejecución de operaciones (compra de bienes o actividades bancarias) con fondos obtenidos de actividades ilícitas, haciéndolas pasar como fruto de hechos legales, de manera que el dinero circule sin problema en el sistema financiero. Entre los investigados figuran Ignacio Coayla Terán, hijo del desaparecido exalcalde provincial de Mariscal Nieto, Alberto Coayla; así como, Víctor García Soto, sobrino político del exalcalde de Torata, Manuel Hurtado. En el primer caso, Coayla adquirió un terreno de 10 mil m2 a mil soles en el CP de San Antonio. Después valorizó la propiedad en US$.126 mil 800 y finalmente la hipotecó para obtener un préstamo de US$ 114 mil. Todo ocurrió en 2013. ¿Como obtuvo un crédito significativo con un inmueble que sólo costaba mil soles? El fiscal Emilio Salas, que investiga el caso, refiere que otro aspecto que llama la atención es que Coayla, también se haya comprado un automóvil de placa V3G-216 y levantado una enorme vivienda, pese a que sólo trabaja como chofer de vehículos motorizados. Por otro lado, el Ministerio Público investiga a la empresa de García Soto. Se indaga de dónde su entidad JJAMS obtuvo un patrimonio por S/.600 mil en corto tiempo. Sobre este hecho, la Fiscalía Anticorrupción también investiga al exalcalde Hurtado Jiménez, porque tiene indicios de un presunto favorecimiento de su gestión (2011-2012) a favor de la empresa de su pariente.
Más casos. Otro caso involucra a Lili Rosalía Chacaltana Saira, una estudiante de Contabilidad de la Universidad José Carlos Mariátegui y dueña de la empresa Inversiones Mayer EIRL. Ésta firma empezó sus actividades en 2011 y en 4 meses incrementó su capital en S/. 400 mil. Además, registra como propiedad una moderna camioneta, camiones pequeños y otras propiedades. Los demás procesados son personas y otros empresarios quienes habrían amasado fortunas con dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando u otros ilícitos.

Alcalde de El Carmen con orden de detención.

Alcalde de El Carmen con orden de detención.-Diario La República.-Sabado, 24 de noviembre de 2012.-4:30 am.-A pedido de la fiscal Paola Díaz Prieto, el juzgado de turno permanente ordenó la detención preliminar del suspendido alcalde del distrito de El Carmen, Chincha, José Alberto Soria Calderón y sus más cercanos colaboradores, por presunto delito de lavado de activos.
Según la investigación de la 1ª Fiscalía contra el Crimen Organizado, Soria Calderón tiene un patrimonio no justificado de 1'320.626 soles, más 39 mil dólares, entre 2004 y 2011. La orden de detención preliminar también alcanza a su hermana, Julia María Soria Calderón, quien siendo enfermera compró el año 2008 un departamento con cochera en Calle 7, Santiago de Surco, por 67 mil dólares, que pagó al contado. También se dispuso la detención de la tesorera de la alcaldía de El Carmen, María Angélica Salaverry, pues ella habría estado depositando los ingresos de la comuna en cuentas personales de Soria Calderón y no en las cuentas oficiales de la municipalidad. Entre junio y diciembre del 2009, Salaverry depositó en la cuenta de Soria 147.860 soles. La fiscalía también investiga depósitos realizados por Andrés Tomateo Páucar de 91 mil soles; Artemio Tocasca Flores de 53.800 soles, Silvia Tocasca Marca de 95 mil soles y Constructoras y Maquinaria del Sur por 40 mil soles. El Carmen afronta otra investigación por enriquecimiento ilícito. Se sospecha que parte del incremento patrimonial podría provenir del desvío de fondos estatales destinados a la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 2007. Otra fuente ilegal de ingresos habría sido de la cantera municipal, por ventas de materiales de construcción a compañías constructoras que operan en Chincha y alrededores, a través de testaferros.