ONG de todo el mundo piden al Banco Mundial que rechace plan que reduce protecciones ambientales.-Diario Gestión.-Martes, 29 de julio del 2014.-18:11.- Coalición de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y grupos comunitarios, dicen que el Banco Mundial y sus países miembros tienen la obligación de garantizar que las inversiones no causen desalojos forzosos, abusos laborales y contaminación.
Un borrador filtrado sobre las nuevas políticas sociales y ambientales propuestas por el Banco Mundial (BM) revela un importante debilitamiento de las protecciones para las comunidades y el medio ambiente, dijo Bank on Human Rights (Contar con Derechos Humanos), una coalición global de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y grupos comunitarios, en un comunicado enviado a la junta directiva del Banco Mundial. La coalición recomendó a la junta directiva del BM debería rechazar el borrador propuesto y devolverlo a la administración del Banco para que sea nuevamente redactado y aborde las fallas fundamentales. Un comité de la junta directiva del BM se reunirá el 30 de julio del 2014 para decidir si aprueba el proyecto de política de salvaguardias para una amplia consulta con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. “El Banco y sus países miembros tienen la obligación de garantizar que las inversiones en represas, carreteras u otros proyectos no causen desalojos forzosos, abusos laborales u otras violaciones de los derechos humanos”, dijo Gretchen Gordon, coordinadora de la coalición. “Sin embargo, parece que el Banco está inclinándose por un sistema de cheque en blanco, donde las comunidades carecerían de protecciones claras y su capacidad para recurrir en caso de violación de sus derechos sería limitada”, anotó. En las décadas de 1980 y 1990, el Banco Mundial fue pionero en el desarrollo de las protecciones sociales y ambientales. La revisión del marco de salvaguardias tiene el objetivo de actualizar las protecciones y mejorar su eficacia. Organizaciones no gubernamentales habían dicho que la iniciativa del Banco Mundial para fortalecer las salvaguardias era un paso positivo. Pero el anteproyecto filtrado reveló en su lugar un alarmante debilitamiento de las protecciones. “El Banco Mundial se ha comprometido en repetidas ocasiones a producir un nuevo marco de protecciones que no resulte en la dilución de las salvaguardias existentes y que refleje las normas internacionales vigentes”, dijo la coalición. “En cambio, el borrador de marco de protección representa una dilución profunda de las protecciones existentes y un debilitamiento de las normas internacionales de derechos humanos y de las mejores prácticas”. El anteproyecto de política permitiría, por ejemplo, que los países que lleven a cabo proyectos financiados por el Banco Mundial se excluyan de aplicar las protecciones para los pueblos indígenas. “La ‘cláusula de exclusión’ del Estándar de los Pueblos Indígenas equivale a la negación de la existencia y los derechos de los pueblos indígenas empobrecidos y marginados en muchos países”, señaló Joan Carling, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y secretaria general del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia, un miembro del comité de dirección de la coalición. “Una política así sólo perpetuaría el negativo legado que el Banco Mundial tiene con los pueblos indígenas”. En todas las consultas anteriores sobre la revisión de las protecciones, los derechos humanos fueron una cuestión clave planteada por los grupos no gubernamentales, las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el Banco y los gobiernos. A pesar de que el anteproyecto de la política incluye algunos nuevos puntos que abordan varias cuestiones de derechos humanos, como la discriminación y los derechos laborales, proporciona graves escisiones y exclusiones. Los puntos sobre la discriminación, por ejemplo, dejan de incluir la discriminación por motivos de raza, color, idioma y opinión política o de otro tipo, en contraste con el derecho internacional. Las disposiciones relativas a los derechos laborales dejan fuera la libertad de asociación y negociación colectiva y se aplican sólo a algunos empleados. “La revisión de la política del Banco es una oportunidad para que finalmente el Banco Mundial pueda rendir cuentas en materia de derechos humanos”, dijo Jessica Evans, investigadora sénior dedicada a instituciones financieras internacionales de Human Rights Watch, miembro del comité de dirección de la coalición. “Si la junta directiva del Banco permite que el anteproyecto de la política salga adelante sin arreglar estos importantes defectos, estará enviando el mensaje de que el respeto por los derechos humanos sigue siendo voluntario en el Banco”.
