Juez ordena prisión para opositores a Tía María

Juez ordena prisión para opositores a Tía María.-Diario La República.-Edición Impresa del 25 de mayo de 2016.-Carlos Herrera y Elard Parrillo.-Incumplieron. En agosto los condenaron a penas de prisión suspendida. Sin embargo, dirigentes que rechazan proyecto minero incumplieron con pagar reparaciones civiles. A pedido de fiscal, juez Valdivia modificó la condena por prisión efectiva.

Van presos. Juez ordena que dirigentes de tambo sean recluidos.Se giro
ordenes de captura contra Jaime de la Cruz y otros. En cuanto a
Julio Gutierrez condena se aplica desde ayer. La República.

El juez de investigación preparatoria de Mariano Melgar, Gino Valdivia Sorrentino, ordenó la tarde de ayer la captura de los dirigentes del Valle de Tambo José Luis Chiapa Díaz, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Huber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Ccolla. Todos ellos, junto a Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, hoy recluido en el penal de Socabaya, en agosto de 2014 fueron sentenciados a 4 años de pena suspendida y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. Se les encontró responsables del delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. Bloquearon las principales vías de ingreso a la provincia de Islay y sus distritos desde el 14 al 19 de abril de 2010, cuando se realizó el paro contra el proyecto Tía María de Southern.
No pagaron reparación. Gino Valdivia tomó esta decisión basado en el pedido realizado por la fiscal provincial penal de Mariano Melgar, Iris Ticona. La magistrada señaló que desde que se les impuso la pena (agosto 2014), los dirigentes no cumplieron a cabalidad con el pago de la reparación civil. Solo hicieron abonos que sumados no llegaban a los 10 mil soles. El último depósito de 4 mil 500 soles se hizo ayer, horas antes de la audiencia que se realizó en el penal de Socabaya. La fiscal explicó en la audiencia que se notificó a los sentenciados que debían pagar la reparación, pero hicieron caso omiso. Ante ello, solicitaron la revocatoria de pena suspendida por una efectiva. La postura fiscal fue cuestionada por los abogados de tres de los implicados. Dijeron que sus patrocinados tienen la intención de pagar y pidieron tiempo para cumplir. Tras ello, el juez Valdivia Sorrentino emitió una resolución donde decidió aceptar el pedido de la fiscal Iris Ticona y ordenó variar la prisión suspendida de 4 años por una efectiva. También dispuso que de inmediato se giren las órdenes de captura en contra de los dirigentes José Luis Chiapa Díaz, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Huber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Ccolla. Todos ellos deberán ser recluidos para que cumplan su pena en el penal de Socabaya. En el caso de Pepe Julio Gutiérrez, quien purga prisión preventiva por la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de extorsión agravada en contra de la minera Southern (habría pedido dinero a cambio de levantar el paro contra Tía María en abril de 2015), se dispuso que se ejecute de inmediato la sentencia.

Decisión. Juez Gino Valdivia emitió resolución la tarde de
ayer en Penal de Socabaya. La República.

Apelarán decisión. A la audiencia de ayer solo asistieron tres abogados de los sentenciados. Ninguno de los implicados se hizo presente, ni el reo Pepe Julio Gutiérrez. Este dijo estar en el consultorio oftalmológico del penal, donde se le realizaba un chequeo médico. Tras escuchar la decisión del juez, los abogados presentes indicaron que apelarán la resolución, que consideraron injusta. El caso será elevado a la Primera Sala de Apelaciones de la Corte de Arequipa. 

Abogado y dirigente cuestionan decisión del juez Gino Valdivia. Héctor Herrera, abogado de los sentenciados Milton Abramonte Cienfuegos, Huber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Ccolla, indicó que la decisión tomada por el juez Gino Valdivia es inconstitucional. Afirmó que no hay prisión por deudas. Sostuvo que se apelará la resolución. Agregó que sus patrocinados no cuentan con recursos para pagar de golpe la reparación. Por su parte, la dirigente del Valle de Tambo, Marilú Marroquín, calificó la decisión judicial como una medida intimidatoria a los pobladores. “Al pueblo se le aplica todo el peso de la ley; pero a los sicarios, los narcos, a ellos la policía los atrapa y el Poder Judicial los suelta”.