martes, 10 de marzo de 2015

Convenio con Southern exige confidencialidad a Gobierno Regional

Convenio con Southern exige confidencialidad a Gobierno Regional.-Diario La República.-Martes, 10 de marzo de 2015.-9:00 am.-Liz Ferrer Rivera.-Tacna.-FONDO DE DESARROLLO. Defensoría cuestiona cláusula de acuerdo porque podría impedir acceso a la información.
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En acto cuestionable y poco usual, el Gobierno Regional de Tacna (GRT) se comprometió a guardar silencio absoluto sobre todo lo relativo al convenio suscrito con la empresa Southern Perú, el pasado 10 de febrero. Así lo estipula la cláusula 10 de este acuerdo, firmado por el presidente regional, Omar Jiménez, y el presidente ejecutivo de la minera, Oscar González Rocha. El convenio crea el Fondo de Desarrollo para Tacna, que consiste en los aportes voluntarios de Southern para el desarrollo de obras de la región. La minera entregará, a través de la ejecución de proyectos, 90 millones de soles. A pesar de ser firmado hace un mes recién ayer el gobierno regional difundió el documento. Consta de 12 cláusulas y su tiempo de vigencia es de tres años. "La información obtenida por las partes en el cumplimientos de los compromisos y toda clases de documentos que se produzcan con relación a los servicios y operaciones en el marco del presente convenio tiene carácter confidencial y no puede ser dada a conocer a terceros por ningún medio físico, electrónico u otro (...)", señala de forma textual el convenio.
POCO TRANSPARENTE. La República consultó al representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas, si la cláusula diez del convenio entre Southern y la Región vulneraba la Ley de Acceso a la Información. Al respecto, Vargas opinó que no existe una ley que ampare que convenios de una institución pública se mantengan en reserva. Explicó que solo es posible restringir información cuando se trata de datos sobre la intimidad de las personas, información presupuestal (como claves de acceso a cuentas bancarias), o documentos referidos a la seguridad y defensa nacional. "El convenio no está dentro del marco de la protección a la información. Ese convenio es público porque es firmado por una autoridad. Y si bien el dinero del Fondo proviene de una empresa privada, ese dinero va recaer en una institución pública. Claro, hay que analizar más el caso pero a simple vista parece que hay un error en calificar de confidencial esa información", declaró Vargas.

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