Conflictos sociales son provocados por la desconfianza a Estado y empresa

Conflictos sociales son provocados por la desconfianza a Estado y empresa.-Diario La República.-Martes, 12 de noviembre de 2013.-11:35 am.- María Chauca Castillo.-Arequipa.- Amenaza. Son como bombas de tiempo a punto de activarse. En el país hay 223 conflictos sociales. La mayoría está movilizado en rechazo a la actividad minera que este gobierno impulsa para hacer caja. ¿Qué generan los conflictos? La desconfianza nace del papel que cumple la empresa y el Estado. Sobre todo el último, que no está donde debe.

Tía María. Pobladores protestan en audiencia de minera.

Pascuala León tiene 75 años. Siembra arroz y papa en una chacra que posee en Mejía, un balneario en las costas de Arequipa, con zona agrícola. Hace dos semanas, cuando se hizo el segundo taller sobre el proyecto Tía María, Pascuala le pidió a gritos al alcalde distrital de Deán Valdivia, Richard Ale, impida la ejecución del proyecto minero. Southern Perú pretende explotar dos reservas de cobre ubicadas en el desierto, a 2.5 Km del valle de Tambo, provincia arequipeña de Islay. Los agricultores temen una posible contaminación por la actividad. Tía María forma parte de los 223 conflictos sociales contabilizados a la fecha por la Defensoría del Pueblo en todo el país. Más de la mitad tienen carácter socioambiental: están relacionados con el rechazo a la explotación de recursos mineros, aprovechamiento de agua, tierra o bosques naturales. El rechazo a la actividad minera en Islay no es nuevo. En 2011, el gobierno suspendió el proyecto debido a la ola de protestas. Un estudio de la UNOPS encontró 132 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que aprobó el Ministerio de Energía y Minas. “No confío en la minera, ya nos mintió una vez y lo volverá a hacer. Todos sus cambios (el nuevo EIA) no son ciertos y pelearé con las últimas fuerzas que me quedan, para que Tía María no se haga”, dice esta mujer que agita una bandera que tiene una inscripción que dice: “Mina no”. En Pascuala hay un sentimiento de desconfianza, un leitmotiv que moviliza a los conflictos sociales en el país. Para Javier Caravedo Chocano, especialista en prevención y resolución de conflictos, revertir ello es complicado. La desconfianza tiene varios orígenes. Uno de ellos son los EIA, instrumentos que precisan el daño ambiental que provocará la operación y medidas de mitigación. Los financia la minera y los aprueba Energía y Minas, que asume el papel de promotor de la inversión y fiscalizador. Una suerte de juez y parte. Los EIA son sometidos a otros rigores y tienen fallas. Caravedo precisa que los nuevos proyectos son asociados a la minería del pasado. Una actividad a lo Doe Run, por ejemplo, en La Oroya, cuestionada por la contaminación. El mismo director de Asuntos Institucionales de Southern, Julio Morriberón Rosas, señaló que la empresa tiene un pasivo feo que pagar en Tambo. De esa forma, confirmaba la contaminación provocada hace 50 años en ese valle por los humos de la Southern. Caravedo precisa que se construyen identidades de acuerdo a la posición vivida en el conflicto. "Las mineras deben entender que se requiere de paciencia y diálogo genuino que ayuden a olvidar esos pasivos. Eso no será de la noche a la mañana”. El papel del Estado también es fundamental en la generación de la confianza. Caravedo pide presencia antes que exploten los conflictos, una presencia que implique compromiso con los ciudadanos. Con la llegada de Tía María a Islay se ofrece la construcción de una represa, agua potable y desagüe, etc. ¿Y eso no pudo hacerse antes, porqué solo cuando llega la minera? El Perú cuenta con una institucionalidad democrática muy débil, con niveles de comunicación poco fortalecidos. En consecuencia, cuando el Estado va al lugar de conflicto, produce también un ambiente de desconfianza. Es un extraño, parcializado con la empresa.
CONFLICTOS Y EL ESTADO: “Cuando hay incidentes sociales con muertes incluidas, el gobierno se paraliza”, dijo Eduardo Bruce Montes de Oca, miembro del Consejo de la Prensa Peruana. Y esto es cierto, Tía María dejó tres fallecidos y se paralizó el proyecto. Bagua dejó 33 y toda la cartera de ministros del entonces presidente García renunció. Y la tónica se mantiene hacia atrás. Desde el estallido del "arequipazo", una protesta social gestada al pie del volcán para impedir la privatización de la eléctrica Egasa, también provocó la salida de todos los ministros de Toledo.
FALTA PREVENCIÓN: Bruce señala que urge una labor preventiva. Sin embargo, reconoció que el Estado en la mayoría de lugares en conflicto no tiene capacidad de gestión para llevar consigo bienestar social. Añadió que existe capacidad económica por las jugosas transferencias del canon, pero no funcionarios capaces de hacer obras de envergadura: carreteras, agua y desagüe, energía eléctrica, etc . Y al final eso termina siendo tarea de las empresas que quieren trabajar en el lugar. Juan Jiménez, expresidente del Consejo de Ministros, reconoció también que es el Estado quien les deja a las empresas la tarea de convencer a las comunidades. Los marcos legales establecidos en el país también provocan desconfianza. Carlos Monge, coordinador regional de América Latina de Revenue Watch Institute, precisa en un ensayo las deficiencias en cuanto a las competencias y funciones de los órganos de gobierno locales. Monge señala que la descentralización transfirió a los gobiernos regionales competencias en relación a la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, no intervienen en los grandes proyectos, decisión de Energía y Minas. (ver infografía) Aclara que los conflictos no se inician cuando se produce una marcha o una acción violenta. Hay antecedentes, oposiciones que se generan en torno a la disputa de determinados recursos. Pueden ser pacíficas o no. Los conflictos son naturales de una sociedad que está en proceso de cambio. El problema no es tanto el conflicto sino las causas. Mientras el Estado no tenga presencia en los conflictos, las cifras de la Defensoría del Pueblo seguirán escalando. No basta con incorporar 43 funcionarios más a la oficina de Conflictos de la PCM. Falta un Estado más inteligente y que no solo apunte a soluciones represivas.