El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, participa en la 13ª Sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán. |
“En la próxima sesión aprobaremos el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y hemos acordado que esta política sea consistente, en la que todos nos enfoquemos y estructuremos una política con resultados”, anunció. Según explicó, este plan será una herramienta a aprobarse por unanimidad por todas las instituciones que conforman la comisión. Para ello, solicitarán aportes y planteamientos de los organismos miembros, de tal forma que se recoja la participación de todos los actores comprometidos en la lucha contra la corrupción. “Es una herramienta poderosa de trabajo que nos permitirá contar con una ruta de seguimiento. Tendremos una agenda que estará en el plan, es decir, tendremos resultados”, destacó. Jiménez aseveró que durante el encargo de dirigir la institución, el consejo no formulará únicamente “palabras y discursos”, sino también medidas de “efectividad”. Por ejemplo, mencionó que en la sesión celebrada hoy se informó sobre los embargos hechos en las últimas semanas a las personas denunciadas por delito de corrupción y que sólo han pagado 10 millones de nuevos soles de los 1,000 millones que le deben al Estado. “También se han incrementado los ingresos por reparación civil en 400 por ciento. Las personas que han sido condenadas por corrupción ya se han dado cuenta de que deben cumplir con su pago al Estado, y están empezando a pagar en mayores montos de lo que se hacía, dijo. De igual forma, reveló que el consejo ha acordado analizar temas de coyuntura y brindar soporte a instituciones que luchan contra la corrupción, como el Poder Judicial, que ha planteado una serie de medidas ante el Congreso, lo cual requiere que tenga eco. Además, el ministro Jiménez mencionó otras iniciativas como la creación de la Procuraduría General de la República, institución que enfrentará el tema de la corrupción y la defensa jurídica del Estado. “El Estado pierde muchos juicios y mucho dinero. (…) El 70 por ciento de arbitrajes lo pierde el Estado peruano, y por eso trabajamos firmemente para mejorar ese sistema”, anotó.
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