Asimismo, 539 tendrían responsabilidad administrativa, según nota de prensa de la Contraloría. Khoury indicó que durante el último operativo sorpresa, denominado “Machu Picchu”, se auditaron a la fecha 200.9 millones de soles, se identificaron malos manejos por más de 12.7 millones de soles y fueron denunciadas 105 personas por presuntos delitos contra la administración pública. Además, se encontró responsabilidad administrativa en 122 personas. Afirmó que existe la voluntad política de luchar contra la corrupción pese a que esta tarea no sólo le atañe al órgano de control, sino también al Poder Judicial y al Ministerio Público, entre otras instituciones con las que se trabaja de manera coordinada. Informó que los problemas detectados durante la ejecución presupuestal en regiones evidencian la necesidad de implementar una línea de carrera en los profesionales de las oficinas de proyectos de inversión y presupuesto. Comentó que las acciones de fiscalización han permitido conocer la frecuente formulación de estudios de preinversión sin respetar los parámetros del SNIP, situación que se refleja en el bajo impacto para el ciudadano o las deficiencias técnicas en las obras. Dijo que también se ha advertido la “atomización” del presupuesto, siendo necesario redefinir la norma del presupuesto participativo para evitar obras de poco impacto en la ciudadanía, y destacó la necesidad de alinear los intereses técnicos con los de aquellos que toman las decisiones.
Ejecución de obras: Por otro lado, Khoury Zarzar informó que se detectaron 1,345 deficiencias o riesgos en la ejecución de obras públicas realizadas a nivel nacional, donde se invertían más de 3,390 millones de soles. La mayoría de los problemas está referida a las deficiencias en el proceso constructivo de la obra, retrasos en la ejecución, valorización de trabajos no ejecutados, entre otros. Estos casos se han comunicado a los titulares de pliego, a fin de que adopten las medidas correctivas que permitan garantizar el buen uso de los recursos públicos. Durante su exposición ante la Comisión de Descentralización del Congreso, el Contralor explicó que a través de las cuatro macrorregiones y las 20 oficinas regionales de control (ORC) a nivel nacional se realizan las acciones de control previo, simultáneo y posterior, a fin de contribuir a que exista un uso transparente y eficiente de los recursos del Estado en beneficio de la población. Asimismo afirmó que con la implementación del nuevo Sistema Nacional de Atención de Denuncias (Sinad) se facilitará el ejercicio de control social en la lucha anticorrupción, pues permitirá la verificación oportuna de las denuncias sustentadas que presenten los ciudadanos, así como la aplicación de la Ley de Protección al Denunciante - Ley N° 29542. Khoury acudió al Congreso para informar sobre las acciones de control llevadas a cabo en los gobiernos regionales y locales durante el año fiscal 2011. Señaló que la Contraloría ha presentado cinco proyectos de ley para reforzar la lucha contra la corrupción, entre los cuales destacan las modificaciones a la ley de pérdida de dominio para que se incauten temporalmente los bienes a los procesados por actos de corrupción, como sucede en los procesados por casos de narcotráfico. Indicó que el órgano de control ha presentado y logrado que se aprueben importantes iniciativas legislativas; por ejemplo, las facultades para sancionar administrativamente a aquellos funcionarios y servidores públicos que cometan irregularidades en perjuicio del Estado, con lo cual la Contraloría ya tiene "garras". Aseguró que los siete ejes para la lucha contra la corrupción son: liderazgo al más alto nivel, legislación 360°, mejorar la gestión pública, sector privado decidido, rendición de cuentas y transparencia, educación y valores; objetivos, medición y seguimiento.
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