Fiscalia: Habrían favorecido a empresa en compra de compactadoras.- 01 de Junio del 2010. Ilo. El fiscal provincial del Primer Despacho de Investigación de Ilo, Pascual Valverde, presentó un requerimiento de acusación en contra del alcalde de Ilo, Jorge Mendoza Pérez, por presunto delito contra la administración publica en la modalidad de concusión impropia, solicitando la aplicación de una pena de ocho años de cárcel. Los hechos que son motivo de la denuncia se produjeron entre junio de 2007 y setiembre de 2008, cuando se efectuó el proceso de licitación pública para la adquisición de tres camiones compactadores con el fin de atender el servicio de limpieza en la ciudad, en el que se habría favorecido a la empresa Surmotors S.A. Según la investigación del Ministerio Público, el comité especial de licitación en primera instancia dio como ganadora a la empresa HR Tractor SAC el 10 de agosto de 2007. Por ello se programó la firma del contrato para el 3 de setiembre a las 14:00 horas, pero el representante legal de dicha empresa no se presentó a la hora establecida y a los 40 minutos se notificó a la compañía que se había dejado sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Enseguida se procedió a aprobar las bases para la segunda convocatoria, que se realizó desde el 31 de octubre hasta el otorgamiento de la buena pro el 3 de diciembre a la empresa Surmotors S.A. El contrato debió firmarse durante los cinco días siguientes, pero recién se realizó el 12 de diciembre. Para la siguiente etapa, de entrega de los vehículos, se reincidió en la misma falta.
Se dieron 30 días, estableciéndose que la penalidad se haría automática en caso de retraso, pero aparentemente las cláusulas fueron olvidadas y la entrega de los vehículos se realizó recién el 7 de marzo de 2008 al comité de recepción, cuyos integrantes hicieron observaciones superficiales.
Fue entonces que intervino el supervisor de recolección Juan Cañí Benito, quien realizó observaciones de fondo como fallas en la caja de cambios de uno de los vehículos, además de que las tres compactadoras no contaban con válvulas distribuidoras y no coincidían con el tonelaje exigido en las especificaciones técnicas.
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