Uso de la consulta previa se hará al agotarse otros mecanismos de diálogo, afirma.

Jefe de Solución de Conflictos de la Presidencia del
Consejo de Ministros, Víctor Caballero Martín.
 Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini

Uso de la consulta previa se hará al agotarse otros mecanismos de diálogo, afirman.-Agencia ANDINA.-Lima, set.10-09.48.- La apelación a la Ley de Consulta Previa a los pueblos nativos se hará al agotarse los mecanismos de diálogo y participación existentes para evitar caer en el abuso de esa norma, dijo la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Víctor Caballero Martín, jefe de esa instancia, explicó que la consulta previa es el proceso final de una serie de procedimientos establecidos para dialogar con las comunidades sobre la definición de políticas. Explicó, en ese sentido, que la próxima implementación del ordenamiento territorial del país, según áreas de actividades económicas, será un instrumento importante para prevenir los conflictos sociales. Refirió que en Cajamarca y Piura ya se aplicó esta metodología con resultados alentadores, pues en ese proceso se tomó en cuenta la opinión de las organizaciones comunales y ciudadanos en general. Añadió que el establecimiento de una zonificación ecológica-económica también tendrá un carácter preventivo, pues brinda la posibilidad a la población de intervenir en la discusión de cómo se debería definir la zonificación ecológica en sus territorios. “Por eso es atinada la precisión de no abusar de la consulta. La consulta es un proceso final de una serie de mecanismos para que la población participe en la definición de políticas”, declaró a la Agencia Andina. Caballero indicó que cuando la población apele a la Ley de Consulta Previa se verá, en principio, si se agotaron otros procedimientos establecidos para consultar o se han tomado a consideración, “para no saltarse etapas ni haya un apresuramiento”. El funcionario consideró que con la promulgación de esta norma, que reconoce el derecho de la población indígena a ser consultada sobre proyectos que se realicen en sus territorios, se establece una relación de igualdad y de confianza entre el Estado y los pueblos originarios. “Y se abre un nuevo capítulo de construcción de un nuevo país, donde el Estado y sus instituciones públicas tienen que adecuarse al reconocimiento del derecho de la consulta”, añadió. La ley de Consulta Previa, promulgada esta semana por el presidente Ollanta Humala Tasso, en la provincia amazónica de Bagua, se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho instrumento establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas y de otra naturaleza en sus territorios.