domingo, 14 de agosto de 2011

Alcaldes del país acuerdan flexibilizar presupuestos para enfrentar la delincuencia.

Alcaldes del país acuerdan flexibilizar presupuestos para enfrentar la delincuencia.-Agencia ANDINA.-Arequipa, ago.14-16.05 hrs.- Los más de 600 alcaldes de todo el país, reunidos en Arequipa para analizar el proceso de descentralización y sus desafíos, acordaron hoy flexibilizar el uso del presupuesto municipal para priorizar inversiones dirigidas a combatir la inseguridad ciudadana. En el documento suscrito por las autoridades municipales, denominado “Declaración de Arequipa”, se comprometen también a fortalecer su servicio de serenazgo y a contribuir con la implementación de la Policía Nacional. Asimismo, proponen que la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), en representación de los gobiernos locales, integre el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana implementado por el Gobierno para enfrentar, de forma integral, la inseguridad ciudadana urbana y rural. Sobre gestión del territorio y catastro municipal, sostienen que el gobierno local debe tener pleno conocimiento de su territorio y asumir un nuevo acuerdo político social, el cual debe estar contemplado en el Plan de Gestión Territorial. Ello convirtirá las ventajas comparativas en competitivas, lo que coadyuvará a promover e impulsar el desarrollo local. “Las municipalidades tienen la obligación de gestar su catastro municipal y utilizarlo en la identificación de necesidades que permita la mejora de su recaudación y administración de recursos. Además, aprovechar los incentivos de modernización municipal y otros”, indica el documento. Entre otros puntos, proponen modificaciones de la Ley de Descentralización Fiscal, respetando la autonomía municipal y orientado al cambio del presupuesto público, así como rediseñando las transferencias intergubernamentales en base a las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno con transparencia en la asignación y fondos previsibles para los gobiernos locales y regionales.
Descentralización: Las autoridades municipales coinciden en que es importante el fortaleciendo de la institucionalidad en los tres niveles de gobierno, aprovechando la oportunidad de inicio del Gobierno del presidente Ollanta Humala, que representa el voto del bloque popular procedentes de distritos, provincias y regiones. “La descentralización, que significa transformación en democracia, paralizada en el gobierno de García. Se recentralizó el poder político y económico, y se convirtió al Consejo Nacional de Descentralización (CND) en una secretaría adherida a la Presidencia del Consejo de Ministros”, señala el documento. Frente a este panorama, plantean la constitución del CND que, con las debidas rectificaciones, deberá llevar adelante la descentralización como política de Estado, incluyendo a la AMPE como entidad representativa de las municipalidades del Perú. Otro puntos consideran fortalecer la Junta de Coordinación Intergubernamental, y tratar los conflictos sociales con una política preventiva que incluya a las municipalidades y gobiernos regionales, por lo que están a favor de la aprobación de la Ley de Consulta Previa. Sobre el proceso de revocatoria indican que “sólo tienen derecho a su pedido quienes forman parte del padrón electoral; es decir, sólo puede revocar su decisión quienes adoptaron una decisión y emitieron su voto en una circunscripción electoral”. “Una estrategia clave para salir exitoso de dicho proceso sólo dependerá del trabajo de las autoridades saliendo satisfactoriamente de la misma, evitando distraer las tareas y el trabajo municipal que los vecinos han encomendado”, indican. Señalan que la despenalización de las protestas públicas para funcionarios públicos es una urgente necesidad, por lo que el AMPE deberá plantear su derogación a través del Congreso de la República, "ya que limita la correcta representación de la población y de sus necesidades". Sobre las remuneraciones indican que si bien el plazo para fijar las dietas y remuneraciones de los alcaldes y regidores se da al inicio de la gestión, "no existe impedimento legal para efectuar alguna actualización de los montos, si varía la cantidad de la población que sirvió de referente al inicio de la gestión".

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